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Los colombianos no están satisfechos con el acceso a la justicia en el país

La dificultad para ser atendido por el sistema de salud es el principal motivo para acudir al aparato judicial

Sally Palomino
Trabajadoras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística realizando encuestas en hogares colombianos.
Trabajadoras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística realizando encuestas en hogares colombianos.DANE

Para los colombianos es más efectivo acudir a su familia o a sus amigos que a las instancias estatales para resolver problemas que en teoría deberían pasar por la justicia. Así lo revela la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en Colombia que por primera vez habla de las necesidades jurídicas de los ciudadanos. El resultado es una alerta. La falta de confianza hacia las instituciones es evidente. El informe, publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), permite conocer la opinión de 52.000 personas sobre el acceso a la justicia. Las conclusiones retratan como nunca antes un panorama sobre este indicador en Colombia, dicen los encargados del análisis.

El 10% de los entrevistados aseguró haber tenido una necesidad jurídica en los últimos dos años y en el 60% de los casos el problema no se resolvió. Eso se traduce, según la proyección del DNP, en que al menos 2 millones de colombianos se quedaron esperando a que la justicia actuara de forma eficaz ante sus reclamos. Gabriel Cifuentes, director de justicia, seguridad y gobierno de esa entidad, explica a ELPAÍS que en Colombia se tiende a reportar poco (solo el 10%) ese tipo de inconvenientes debido a las dificultades para acceder al sistema y a la falta de resultados. “Cuando se trata de las zonas rurales la situación es peor. Aunque es en donde menos se declaran necesidades, es en donde más insatisfacción existe", dice. Basta recorrer algún pueblo de los tantos que aún permanecen marginados en Colombia para notar la ausencia del Estado y las largas distancias que los campesinos tienen que atravesar para recibir atención. Algunos deben viajar varias horas en lancha para lograrlo.

Simón Gaviria, hasta hace un par de días director del DNP, lo reitera al asegurar que las principales barreras para acceder al sistema son el tiempo que demanda resolver los problemas y que las personas no saben qué hacer, cómo hacerlo o ante quién acudir. El panorama empeora cuando se detallan las dificultades que impulsan a los colombianos a buscar ayuda jurídica. En el primer lugar está la salud. En el 83% de los casos, el ciudadano se declaró insatisfecho por la negación del servicio y por eso tuvo que entablar algún recurso, principalmente una tutela, para recibir la atención que necesitaba.

“No solo es necesario abrir un diálogo para mejorar el sistema de justicia, también es importante hacerlo con el de salud. Hay una congestión generada por problemas que tienen que ver con derechos fundamentales”, señala Cifuentes, que destaca que el 23% de los entrevistados prefirió no hacer nada para resolver su dificultad debido a la cantidad de trámites y tiempo que requería para encontrar solución, mientras que el 48,6% acudió a una entidad. El informe incluye en este rango a la familia como la instancia en la que más encontraron satisfacción para dar fin a sus conflictos, con 77,2%, seguido por la jurisdicción indígena, con 65,8%. Mientras el 25,8% lo resolvió de forma pacífica y sin intervención de terceros y un 2% actuó de forma violenta o a través de un actor ilegal.

"Ese indicador aunque no es tan representativo, es llamativo. Sabemos que hay un subregistro porque no todos se atreven a decir que han usado la vía ilegal para resolver sus problemas. Además, es revelador que en Bogotá sea en donde los ciudadanos más acuden a ese camino para solucionar sus necesidades", agrega el funcionario, que asegura que los resultados del estudio servirán para garantizar la inclusión de políticas que permita zanjar los conflictos de manera pacífica y rápida.

El director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Luis Guillermo Vélez, señala que a partir de esta encuesta se podrá conocer de fondo cuáles son las dificultades y plantear soluciones realistas. En el Caribe, en donde el 30% de la población decidió no hacer nada para arreglar sus problemas, esperan que las estadísticas esta vez sirvan para plantear un sistema efectivo que genere la confianza suficiente para acudir a él.

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Sobre la firma

Sally Palomino
Redactora de EL PAÍS América desde Bogotá. Ha sido reportera de la revista 'Semana' en su formato digital y editora web del diario 'El Tiempo'. Su trabajo periodístico se ha concentrado en temas sobre violencia de género, conflicto armado y derechos humanos.

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