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¿Ha cometido Trump un delito de obstrucción a la justicia?

Esta infracción basó procesos previos para destituir a Richard Nixon y Bill Clinton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Drew Angerer (AFP)

Estados Unidos se pregunta si la última revelación en el escándalo de la trama rusa puede derribar al presidente Donald Trump. El diario The New York Times desveló el martes que el mandatario pidió al entonces director del FBI, en una reunión privada en la Casa Blanca, que cerrase la investigación sobre su posible cooperación con operativos rusos durante las elecciones. Estas son las claves para entender el proceso al que puede enfrentarse Trump si realmente intentó obstruir el avance de las pesquisas del FBI, desde las primeras sospechas hasta el proceso de destitución o impeachment:

Qué es la obstrucción a la justicia

Se trata de un delito contemplado por las leyes federales de EE UU para cualquier persona que “intente influir, obstruir o impedir de manera corrupta, la correcta aplicación de las leyes”. Uno de esos casos sería, por ejemplo, sobornar a un testigo o destruir pruebas de un delito. Pero la ley también contempla las acciones de “cualquiera que de manera corrupta, bajo amenazas, uso de la fuerza por una carta o comunicación intente influir, obstruir o impedir la aplicación de la ley”.

Solo dos presidentes de EE UU se han enfrentado antes a un proceso de destitución en la historia reciente, Richard Nixon en 1974 —dimitió antes de que se iniciara—, y Bill Clinton en 1998. Ambos estuvieron basados, entre otras acusaciones, en cargos por obstrucción a la justicia con muchos paralelismos con Trump. Este martes, 33 legisladores demócratas pidieron que se abra una investigación para determinar si el equipo del republicano “participó en una conspiración para obstruir” las pesquisas y aseguran que la información del Times “hace cuestionarse si el presidente intentó influir o impedir los avances del FBI”.

Qué ha hecho Trump

Según un informe redactado por el exdirector del FBI James Comey, tras su reunión con Trump y revelado por el Times, el presidente le dijo: “Espero que puedas ver la forma de dejar esto pasar, de dejar pasar lo de Flynn. Es buen tipo. Espero que le puedas dejar ir”. El presidente se refería al general Michael Flynn, uno de los ejes de la trama rusa, despedido tras conocerse que había mentido sobre sus reuniones con el embajador ruso en Washington.

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La revelación apunta a que Trump pidió cerrar una investigación al máximo responsable de las pesquisas que amenazan su presidencia. Sin embargo, el documento redactado supuestamente por Comey no ha salido a la luz, por lo que las pruebas disponibles hasta ahora no son suficientes para plantear una acusación formal. “Ningún fiscal tomaría esa decisión basándose en lo que una persona ha dicho supuestamente en un informe, que nadie ha visto y del que no conocemos el contexto”, escribe el exfiscal Andrew McCarthy en la revista National Review.

El portavoz de la Cámara de Representantes Paul Ryan reiteró este miércoles su apoyo al presidente Trump.
El portavoz de la Cámara de Representantes Paul Ryan reiteró este miércoles su apoyo al presidente Trump.A. P. BERNSTEIN (REUTERS)

La base del caso: las intenciones del presidente

Expertos legales consultados por los medios estadounidenses aseguran que el principal obstáculo para acusar a un presidente —o cualquier sospechoso— de obstrucción a la justicia radica en demostrar que esa era su intención. En el caso de Trump, además de pedir supuestamente lealtad a Comey y después pedirle que cerrara el caso Flynn, también le amenazó en Twitter diciendo que “mejor que no haya grabaciones de nuestra conversación”.

“Intimidar o amenazar a cualquier testigo con la intención de influir, retrasar o impedir que testifiquen es un delito”, escribieron entonces dos legisladores demócratas en una carta enviada a la mayoría republicana. “Las acciones del presidente y el hecho de que admitiera que despidió a Comey porque estaba investigando sus conexiones con el Gobierno ruso despiertan el fantasma de una posible obstrucción a la justicia”.

El contexto

La Casa Blanca alegó en un primer momento que Comey fue cesado por su gestión del caso de los correos de Hillary Clinton. Pero después fue el mismo Trump quien admitió públicamente que se debía a la investigación de la trama rusa. Las declaraciones del presidente pueden volverse en su contra si sigue apuntando a que despidió a Comey por investigar su campaña.

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La investigación a Clinton da precisamente una pista de lo importante que es demostrar la intención del acusado. En aquel caso, Comey declaró como responsable del FBI que la candidata demócrata había sido negligente con sus comunicaciones, pero no se podía demostrar que su intención fuera que información clasificada llegara a manos equivocadas, por lo que no recomendaba presentar cargos contra ella.

Las pruebas

Aún no ha salido a la luz el informe elaborado supuestamente por Comey tras hablar con Trump, por lo que en este momento la palabra del exdirector del FBI está enfrentada directamente con la del presidente. El mandatario, sin embargo, aludió en un mensaje de Twitter a la posibilidad de que grabase su conversación privada en la Casa Blanca, que podría servir para determinar quién de los dos dice la verdad.

Este miércoles, el Comité de Inteligencia del Senado pidió al gabinete de Trump que entregue todos los documentos de sus conversaciones y contactos con el director del FBI así como los relacionados a la investigación de la trama rusa. Si la Casa Blanca se niega, podrían verse obligados a hacerlo mediante una citación judicial.

Quién puede acusar al presidente

La Constitución de Estados Unidos no contempla la posibilidad de que un presidente sea acusado de un crimen mientras ocupa el cargo. La única alternativa por tanto es el proceso de destitución o impeachment, el proceso más grave al que puede enfrentarse un mandatario en la Casa Blanca porque puede terminar en su expulsión del cargo.

Se trata, sin embargo, de un juicio político por parte del Congreso y cualquier acusación formal debería producirse después ante la justicia ordinaria. La Cámara de Representantes es la encargada de abrir el proceso y el juicio lo celebra el Senado, dirigido por el presidente del Tribunal Supremo. En la actualidad, el Partido Republicano cuenta con mayoría en ambas Cámaras y hasta ahora los legisladores han demostrado su apoyo al presidente.

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