La corrupción de la policía argentina devora a sus jefes
Casi 5.000 efectivos de la Bonaerense fueron apartados en un intento por desterrar la corrupción en la mayor fuerza del país
Las cifras impactan. Desde el 10 de diciembre de 2015, el gobierno de la provincia de Buenos Aires inició en la policía Bonaerense 12.395 sumarios internos, apartó a 4.747 uniformados y encarceló a 390. La mitad de los procesos fueron por corrupción y un 15% por violencia de género, policías hombres que maltratan en casa a sus mujeres. Casi 900 uniformados están hoy investigados por enriquecimiento ilícito y 73 ya enfrentan procesos penales. En pocas semanas, los escándalos de corrupción le costaron el cargo a dos jefes policiales. A principios de mayo renunció el titular de la Bonaerense, Pablo Bressi. A finales de abril, terminó preso su par en la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires, José Potocar, acusado de enriquecimiento ilícito durante su paso por la Policía Federal. El mapa del delito policial es variado. Con 93.000 hombres, la Bonaerense arrastra décadas de intentos de normalización, hasta ahora fallidos. La gobernadora María Eugenia Vidal prometió que esta vez será diferente porque su gobierno “no forma parte de la mafias”. Pero el desafío es enorme y los resultados pueden no ser los esperados.
Para la gobernadora Vidal el origen del problema está claro: “Tiene que ver con un sistema que avaló que convivieran determinadas mafias, que crecieran y se creyeran impunes”, dijo. Los nombres de policías detenidos llegan a la prensa cada día, por goteo. El último caso involucró a siete efectivos, dos de ellos de alto rango, acusados de proteger a una red de trata de personas que operaba en el sur del extrarradio de la ciudad de Buenos Aires. El caso más grave se conoció hace un año, cuando ocho jefes policiales fueron detenidos sospechados de montar una red que cobraba a narcotraficantes y proxenetas por protección. Asuntos Internos encontró en la jefatura departamental 36 sobres numerados con más de 150.000 pesos (unos 10.000 dólares), producto del cobro de sobornos. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dice que la reforma que lidera es “histórica” porque ha roto la cadena de complicidades internas. “Los policías honestos perdieron el miedo, están levantando un teléfono y denuncian a quienes lucran con un uniforme y lucran con la Institución. Los buenos policías ven que los corruptos están cayendo, y los honestos saben que se actúa y que pueden dejar tras las rejas a quienes manchan el uniforme”, explica.
En el gobierno nacional están convencidos de que depurar la Bonaerense es la madre de todas las batallas. Luego, como una cascada, las mejoras llegarán a otras provincias consideradas complicadas, como Santa Fe. El diputado oficialista Waldo Wolff, vicepresidente de la comisión de Seguridad de la Cámara baja, dice que si nadie ha podido resolver hasta ahora la cuestión policial es porque “cada uno hizo un parche sin pensar en una política integral”. “Todavía se arrastran vicios de otras épocas. Se ha permitido que parte de la estructura policial sea una caja de la política y que tenga ciertos kioscos (cajas de recaudación ilegal)”. Los planes de recuperación de la policía en Buenos Aires han sido múltiples y variados, todos bajo gobiernos peronistas, al mando de esa provincia, la más grande del país, entre 1987 y 2015, cuando Vidal dio la sorpresa y venció al candidato de Cristina Fernández de Kirchner. "Salvo un pequeño período con [León] Arslanián, no hubo vocación política de pelear en serio contra esto", dijo la gobernadora.
Arslanián fue uno de los jueces federales que lideró el llamado Juicio a las Juntas que en 1985, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, llevó a prisión a los jerarcas de la última dictadura militar argentina. Fue ministro de Seguridad de Buenos Aires entre 1997 y 1998 y otra vez en 2004, cuando emprendió la mayor reforma policial jamás realizada. Eran los tiempos de la “maldita policía”, como se la llamaba entonces. “Yo logré que dejara de ser la maldita policía”, dice Arslanián. “Nos planteamos un programa de seguridad tratando de democratizar el aparato prusiano de policías organizadas verticalmente, heredado de las formas militares. La policía no se puede gobernar a sí misma, por eso creamos un ministerio de Seguridad con un ministro civil y diseñamos un modo de penetrar la estructura para poder apropiarnos de la información que maneja la policía, para no ser cautivos de ella”, explica. Arslanián eliminó la figura del jefe policíal, recuperada después de 2007 por el gobernador kirchnerista Daniel Scioli y mantenida por Vidal, a pesar de sus esfuerzos por aumentar el control civil sobre la fuerza.
Los escándalos de corrupción, de hecho, terminaron con la carrera del jefe de la Bonaerense, Bressi, un hombre de perfil bajo que decidió renunciar luego de semanas de enfrentar las denuncias de la diputada oficialista Elisa Carrió sobre una supuesta connivencia con el narcotráfico. El sucesor, Fabián Perroni, es la contracara de Bressi. Mediático, se exhibe al frente de operativos contra la policía y no teme a las cámaras. “Vidal no entendió la importancia de resolver el tema de la jefatura policial. Ayer fue Bressi, hoy será otro, pero va a reproducir el mismo problema si no entiende que el modelo de conducción es el que nosotros establecimos, con un civil. La gobernadora tiene que recuperar la reforma y profundizarla”, advierte Arslanián. En el fondo está el esfuerzo por doblegar a una fuerza que parece incontrolable.
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