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Un incendio en Lima revela un infierno de abusos y esclavitud

El fuego en una galería comercial del centro de Lima ha dejado al menos cuatro muertos y 15 heridos

El incendio en una galería comercial del centro de Lima, que dejó al menos cuatro muertos y 15 heridos, ha revelado las precarias condiciones laborales de un grupo de trabajadores. Los empleados permanecían encerrados bajo llave en construcciones ilegales sin baños. Cerca de 300 bomberos voluntarios repartidos en 60 unidades cumplieron este lunes el quinto día de trabajos ininterrumpidos para intentar sofocar el fuego en la galería Nicolini. Es uno de los principales centros de venta de productos de ferretería de la capital peruana, con cerca de 1.500 comercios.

Un grupo de bomberos trata de apagar el incendio en Lima, el pasado 23 de junio.
Un grupo de bomberos trata de apagar el incendio en Lima, el pasado 23 de junio. JUAN COROMINAS (EFE)

El fuego empezó el pasado jueves. Pronto se propagó hacia los pisos superiores del edificio, donde había productos inflamables como cloro, pintura, telas y materiales sintéticos. Cuando el fuego amenazó con expandirse a un mercado vecino, los vendedores quisieron ingresar para sacar sus productos, pero la policía lo impidió.

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El siniestro obligó a cerrar el tránsito en las calles aledañas al edificio y produjo una densa humareda que ha obligado a los peatones a llevar máscaras. El Ministerio de Salud advirtió de las graves consecuencias que podía acarrear la inhalación de los gases tóxicos y pidió no acercarse a menos de 10 calles del lugar.

La primera planta de la galería fue adquirida años atrás por un nutrido grupo de comerciantes, que pagó más de siete millones de dólares por el terreno y que ha perdido todo en el incendio. Según la Municipalidad de Lima, contaban con los permisos y las licencias correspondientes. No pasaba lo mismo con los niveles superiores y con el sótano.

Estos pertenecían a Inversiones JEPG SAC, una empresa propiedad de José Enrique López Ramírez y Juan Manuel Polar De Rivera, quienes se encuentran desaparecidos. Por no contar con las medidas de seguridad mínimas, en junio pasado las autoridades les clausuraron un taller que funcionaba en el tercer piso. Como respuesta, los responsables de JEPG SAC lo trasladaron a los altos.

Durante meses construyeron una colmena de 20 contenedores metálicos, repartidos en bloques de tres y cuatro niveles, que sobresalía de la azotea. Además de ser ilegales, las construcciones albergaban a jóvenes empleados en condiciones infrahumanas.

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Falsificaciones

La prensa peruana no ha dudado en calificar su situación de “esclavitud”. Jorge Luis Huamán Villalobos, de 19 años, y Jovi Herrera Alania, de 21 años, eran dos de los cuatro trabajadores fallecidos, aunque las autoridades no han hallado aún sus cuerpos porque no han podido acceder a todas las zonas. Se dedicaban a adulterar etiquetas de tubos fluorescentes de mala calidad, que empaquetaban en cajas de marcas conocidas. Posteriormente, estas falsificaciones eran vendidas en las galerías y centros ferreteros de la zona.

Ambos trabajaban desde la mañana hasta la noche, todos los días de la semana. Para impedir que robaran o fueran descubiertos por los inspectores municipales, permanecían encerrados con llave durante toda la jornada. En los contenedores no había baños y solo tenían una pausa de 30 minutos a mediodía, para comer. Ganaban menos de un dólar la hora.

Los jóvenes llamaron a sus parientes durante el incendio. Entre toses explicaron que habían sido abandonados y no tenían cómo abrir la puerta del contenedor. Los familiares pidieron ayuda a las autoridades. Uno de los jóvenes alcanzó a sacar una mano por la rendija del contenedor y mostró una luz fluorescente para indicar dónde estaban. Incluso llegaron a grabarse mientras intentaban escapar, pateando inútilmente la puerta de metal. Se piensa que otros dos muchachos perecieron en condiciones semejantes.

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