Polémica por la agresiva campaña del húngaro Orbán contra el filántropo Soros

El Gobierno del húngaro Víktor Orbán ha dado un paso más en sus ataques a George Soros. Esta vez ha emprendido una campaña publicitaria contra la inmigración, centrada en el multimillonario de origen húngaro, muy crítico con el primer ministro Orbán y sus políticas. El Ejecutivo ultraconservador y nacionalista del Fidesz ha colocado miles de anuncios en medios y carteles por todo el país con la fotografía del filántropo sonriente, el lema “¡Que Soros no ría el último!” y distintas leyendas de apoyo a las medidas de rechazo a los migrantes. Un gran número de voces críticas han apuntado que los carteles evocan imágenes antisemitas (Soros tiene raíces judías) de la década de 1930, que presentaban a los judíos como manipuladores políticos. También la principal organización judía de Hungría y el propio Soros han denunciado que alienta el odio contra los judíos, algo que el Gabinete de Orbán niega categóricamente. Tras unas semanas de polémica nacional e internacional, el Ejecutivo ha anunciado que el sábado retirará los carteles, aunque se escuda en que no es una marcha atrás, sino que la campaña ha terminado.

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Esta nueva embestida de Orbán contra Soros, nacido en Budapest hace 86 años, es solo una más de la escalada del primer ministro contra el filántropo húngaro-estadounidense, quien en los noventa financió sus estudios de posgrado en Oxford y se ha convertido hoy en uno de sus principales enemigos y centro de sus críticas. El Ejecutivo húngaro también ha puesto en su diana a la prestigiosa Central European University, financiada principalmente por Soros, a la que, pese a los toques de atención de las instituciones comunitarias, pretende expulsar del país con una ley que parece diseñada para ello. Este jueves, la Comisión Europea ha lanzado un segundo aviso en el proceso de infracción abierto por esa norma y ha abierto un nuevo expediente al Gobierno de Orbán por otra de sus controvertidas normas: la que persigue a las ONG financiadas con capital extranjero. Muchas de estas entidades —además de ser habitualmente críticas con las políticas del Gobierno— se alimentan en buena medida de fondos de Soros. Este es el enésimo aviso de Bruselas a Hungría sobre su alejamiento de los usos democráticos.

“Estoy consternado por el uso de imágenes antisemitas del actual Gobierno húngaro como parte de una deliberada campaña de desinformación”, ha lamentado Soros en una declaración escrita. “De igual modo, me alienta el hecho de que junto a innumerables conciudadanos, los líderes de la comunidad hebrea en Hungría se hayan pronunciado en contra de esa misma campaña”, ha añadido el multimillonario. Mazsihisz, la mayor organización judía de Hungría, había exigido al Ejecutivo de Orbán que retirase los anuncios que podrían "servir para causar pasiones antisemitas incontrolables". De hecho, muchos de los carteles distribuidos por todo el país han sido pintarrajeados con mensajes y grafitis que llaman a Soros “judío apestoso”.

El embajador de Israel en Hungría, Yossi Amrani, afirmó que la controvertida campaña, que ha costado al Gobierno unos 5,7millones de forints (19 millones de euros), "evoca recuerdos tristes y siembra odio y miedo". No sólo porque los nazis y sus colaboradores húngaros mataron a unos 400.000 judíos húngaros en el holocausto, al que Soros sobrevivió; también porque Adolf Hitler hablaba en ocasiones del “judío risueño”. Sin embargo, el Gobierno israelí matizó después las declaraciones del diplomático hebreo. El Ejecutivo de Benjamin Netanyahu —que tiene previsto hacer una histórica visita a Hungría la semana que viene— también considera al filántropo uno de sus principales enemigos, fundamentalmente por financiar organizaciones críticas con la ocupación israelí y su política hacia los palestinos.

Soros, con sus ideas liberales y progresistas choca de lleno con las políticas populistas, conservadoras y nacionalistas de Orbán, que ha hecho bandera de su oposición a la política migratoria común, por la que los países acordaron acoger una cuota de refugiados. El Gobierno de Orbán ha acusado al multimillonario de “inmiscuirse” en la política nacional y de ejercer presiones a través de las organizaciones que financia, para obligar a Hungría a acoger asilados. Hungría, que concedió protección a 550 refugiados el año pasado se ha negado a reasentar a ninguno de los 1.294 asilados procedentes de Italia y Grecia que debería recibir, según los acuerdos con los países de la UE.

Disputa con Bruselas

La migratoria es otra disputa más del Gobierno de Orbán con Bruselas, que ha cargado este jueves contra la ley húngara que pone trabas a las ONG. El brazo ejecutivo de la Unión Europea considera que esta norma, que obliga a todas las organizaciones a detallar los fondos que reciban del exterior, viola tres derechos europeos: la libertad de asociación, la libre circulación de capitales y el derecho a la privacidad.

La ley de ONG constituye el segundo procedimiento de infracción que abre Bruselas contra Budapest en menos de tres meses. La Unión Europea ensaya con Hungría una estrategia diferente a la empleada con Polonia, inmersa en un proceso de deterioro del Estado de derecho muy similar al detectado en Hungría. A la vista de que el procedimiento general abierto contra el Gobierno de Varsovia ha dado escasos resultados -y también porque Orbán se muestra abierto al diálogo, aunque finalmente desoiga las advertencias-, la Comisión ha optado por ir caso por caso. Los procedimientos de infracción pueden acabar en el Tribunal Europeo de Justicia, con castigos para el país que incumple las normas.

La cruzada del Ejecutivo ultranacionalista húngaro contra cualquier organización crítica despertó desde primera hora las alertas en Bruselas. Con un espíritu similar al del Gobierno de Rusia, Hungría etiqueta a todas las organizaciones que perciban más de 24.000 euros al año desde otro país diferente a Hungría como “organizaciones que se benefician de un apoyo extranjero”. Como si fuese un estigma, están obligadas a presentarse así en cualquier publicación o comunicado de prensa que realicen. Además, deben proporcionar información precisa sobre quién las financia y cuánto aportan sus donantes. Si no lo hacen se arriesgan a recibir sanciones.

“La sociedad civil constituye el tejido mismo de nuestras sociedades democráticas; sus actividades no deberían ser objeto de restricciones injustificadas”, ha criticado el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, en un comunicado. El Ejecutivo comunitario considera que estas nuevas obligaciones suponen una “carga administrativa y un prejuicio” para las entidades que deben cumplirlas. En última instancia, estas medidas disuaden la financiación extranjera, alerta la Comisión. Es lo que Orbán pretende: reducir su presencia y su influencia.