Reino Unido admite que tendrá que pagar la factura del Brexit pero se niega a negociarla

El Gobierno británico admite en Bruselas lo que evita decir en Londres: que la salida de la Unión Europea implicará pagar una factura en concepto de compromisos pendientes. El negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, ha asegurado en conferencia de prensa que Londres asume el pago, pero que no presenta propuestas para negociarlo. "Es indispensable una clarificación", ha urgido. A su lado, su homólogo británico, David Davis, ha admitido —con diferente lenguaje— el ajuste de cuentas, aunque sin dar pistas sobre cuándo lo esbozará. No se trata de un mero detalle. La falta de avances en este ámbito puede hacer encallar el proceso.

La segunda ronda de discusión del divorcio británico —en realidad la primera que ocupa varios días, tras un contacto inicial a mediados de junio— deja claro que el calendario marcado por la UE es más que optimista. Barnier confía en lograr en octubre progresos suficientes en la etapa de separación para pasar a discutir la relación futura. Pero a tres meses de esa meta, Londres rehúsa presentar sus cartas en el asunto más espinoso de este proceso: el ajuste de cuentas entre el club comunitario y el Estado que lo abandona. Bruselas lo cuantifica (extraoficialmente) entre 60.000 y 100.000 millones de euros, pero no habrá cifras concretas hasta el final. Lo que se pretende ahora es consensuar los conceptos de esa suma.

Pese a que los dos negociadores se han esforzado en hablar de “conversaciones constructivas” y de “progresos”, los avances han sido muy limitados. En la llamada factura, Barnier ha exigido a Londres que presente ya su modelo. “Es indispensable una clarificación de la posición de Reino Unido para lograr los progresos necesarios”, ha advertido. “La salida ordenada que queremos exige saldar las cuentas antes”, ha insistido, lo que refuerza la idea de que, sin un divorcio pactado, no habrá conversaciones sobre un próximo acuerdo comercial entre Bruselas y Londres. Barnier extiende la necesidad de aclaraciones a los tres asuntos que forman parte de esta fase de salida: la factura, los derechos de los ciudadanos afectados por el Brexit y la frontera con Irlanda del Norte. Pero al menos sobre los dos últimos aspectos hay propuestas británicas concretas y la negociación es más fluida.

Derechos y obligaciones

Davis, partidario del Brexit y uno de los presuntos aspirantes a suceder a la primera ministra, Theresa May, ha admitido en público la idea de pagar, aunque muy matizada: “Somos un país que reconoce sus responsabilidades y sus derechos internacionales. Los ejerceremos en el futuro”. Al referirse a derechos —dinero que espera recibir— y obligaciones —cantidades que adeuda a la UE— evita reconocer que habrá una transferencia neta a las arcas comunitarias, algo difícil de trasladar al ciudadano británico que votó por el Brexit con la idea de que la pertenencia a Europa le salía cara a Reino Unido.

El ajuste de cuentas incluye esencialmente tres conceptos: compromisos presupuestarios firmados por Reino Unido para años venideros (y aún no desembolsados), derechos de pensión de los funcionarios europeos y préstamos o avales apalabrados en los que Londres se comprometió a participar. En la ronda de esta semana, Bruselas ha expuesto con detalle su posición —ofreciendo el análisis jurídico de todos los conceptos que cree forman parte de este capítulo— y Londres se ha limitado a hacer preguntas exhaustivas sobre ese análisis, sin ofrecer ninguna pista de qué aceptan y qué rechazan, según las fuentes consultadas. El debate ha sido muy breve, explica un alto cargo de la UE.

Más allá de las cuentas, el otro punto de conflicto detectado en esta ronda, que comenzó el pasado lunes, ha sido el papel del Tribunal de Justicia de la UE en un Reino Unido postBrexit. Bruselas exige que este órgano siga garantizando los derechos de los 3,2 millones de ciudadanos comunitarios que habitan en Reino Unido y los 1,2 millones de británicos en suelo europeo. Londres alega que no puede mantener la jurisdicción del tribunal europeo en su territorio cuando se desvincule del proyecto comunitario. Las discusiones continuarán la última semana de agosto.