Bush nombra a un hispano ministro de Justicia en el primer cambio de su Gabinete

El presidente de EE UU, George W. Bush, abrió ayer la remodelación de su Gabinete con el nombramiento de Alberto Gonzales, que ocupaba el puesto de asesor jurídico de la Casa Blanca, para sustituir a John Ashcroft en Justicia. Gonzales, que se convertirá en el primer "procurador general" hispano, desempeñó un papel importante en la política de no aplicación de las normas de la Convención de Ginebra a los detenidos acusados de terrorismo. "Es una voz firme y tranquila en tiempos de crisis. Cree en el respeto a la ley", dijo Bush.

Según el presidente, Gonzales "contribuyó a elaborar la política antiterrorista diseñada para proteger la seguridad de todos los norteamericanos protegiendo a la vez sus derechos". El ex asesor jurídico de la Casa Blanca aseguró que su departamento "garantizará la justicia para todos los estadounidenses" y que "sobre este principio no puede haber compromisos".

Aunque los republicanos más conservadores saludaron el nombramiento porque temían que acabara en el Supremo y los demócratas recibirán bien a cualquiera que no sea Ashcroft, la confirmación entrará en territorio delicado cuando se examine el papel de Gonzales en la elaboración de la política que definió el trato que había que dar a los prisioneros de guerra tras el 11-S: "De lo que se le acusa en el informe del 11-S, y lo que surgirá en las sesiones en el Senado -constitucionalmente facultado para dar consejo y consentimiento a los nombramientos- es de haber escrito uno de los informes legales en los que se defiende que la Convención de Ginebra no es aplicable a los detenidos sospechosos de terrorismo.

"No creo que le cueste el cargo, porque fue una política global y porque los demócratas no darán la batalla y se reservarán para los nombramientos del Supremo", señaló ayer a EL PAÍS David Vidal, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos que nombró a Gonzales "Abogado Latino del Año" en 1999 y que ocupó cargos de responsabilidad en anteriores Administraciones.

En junio de este año se desclasificaron los informes en los que se había basado la política del Gobierno sobre el trato a los detenidos después del 11-S, una política que se saltó las prohibiciones sobre la tortura contempladas en las leyes de EE UU y en los tratados internacionales debido a la "completa autoridad presidencial en la dirección de la guerra".

En su calidad de asesor jurídico de la Casa Blanca, Gonzales escribió en febrero de 2002 estas palabras a Bush: "Como ya ha expresado usted, la guerra contra el terrorismo es un nuevo tipo de guerra" en la que se "valora de manera extraordinaria factores como la capacidad de conseguir rápidamente información de los terroristas detenidos y de sus patrocinadores para evitar nuevas atrocidades contra ciudadanos estadounidenses".

En su conclusión, Gonzales escribió: "A mi juicio, este nuevo paradigma convierte en obsoletas las estrictas limitaciones de Ginebra sobre los interrogatorios a los prisioneros enemigos y convierte en marginales algunas de sus disposiciones". Esta política, acusan los grupos de defensa de los derechos humanos, propició los abusos y las torturas en Abu Ghraib y otras cárceles iraquíes.

El asesor jurídico de la Casa Blanca defendió también públicamente la interpretación más dura de las normas antiterroristas de negar el acceso a abogados defensores o a los tribunales de los detenidos acusados de terrorismo, una política rechazada hace cuatro meses por el Supremo y aún pendiente de resolución en diversos tribunales.

Gonzales, que cumplió 49 años el pasado 4 de agosto, es uno de los ocho hijos de una pareja de inmigrantes mexicanos establecida en Tejas. Comenzó Derecho mientras estaba en la Fuerza Aérea y lo acabó en Harvard. Fue nombrado juez del Supremo de Tejas por el entonces gobernador Bush en 1999, después de una estrecha colaboración de varios años entre ambos, que se puso ayer de manifiesto en la emoción que dejó ver el presidente al anunciar el nombramiento.

Ninguna señal

Por otra parte, el secretario de Estado se entrevistó ayer con el presidente. Colin Powell, que en el pasado expresó su deseo de no continuar en el Gobierno, no ha emitido ninguna señal sobre su destino, a diferencia de su rival en el Gabinete, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que sugirió el lunes después de ver a Bush que tiene pendiente concluir la reorganización de las Fuerzas Armadas. Las decisiones sobre Powell y la consejera de Seguridad, Condoleezza Rice, son las más esperadas en Washington.

En cuanto al resto del Gabinete, otra figura de peso, la del secretario del Tesoro, John Snow, podría aplazar su salida -como quizá ocurra con Rumsfeld- para contribuir a poner en marcha la reforma del sistema fiscal prometida por Bush. Otros tres responsables de la Administración -los titulares de Agricultura e Interior y el responsable de la Agencia de Protección del Medio Ambiente- han expresado su deseo de continuar.