El largo y tenso camino hacia la paz en Irlanda del Norte

Pese a las diferencias del origen y contexto de ambos conflictos, el camino hacia la paz en Irlanda del Norte puede convertirse en una referencia para el País Vasco. El proceso irlandés -que desembocó en los acuerdos del Viernes Santo de 1998 y que llevó al Ejército Republicano Irlandés (IRA) a declarar su renuncia a la lucha armada en julio del año pasado y a la destrucción completa de sus arsenales en septiembre de ese mismo año- ha estado lleno de sobresaltos. El desarme del IRA se ha convertido en el asunto más espinoso, mientras que la excarcelación de los presos ha sido casi automática tras la firma de los acuerdos de Viernes Santo.

Más allá de las mediaciones en la penumbra, el proceso de paz arrancó simbólicamente con la llamada Declaración de Downing Street, firmada por los Gobiernos de Londres y Dublín el 15 de diciembre de 1993. Esa declaración dio un giro de 180 grados a las posiciones de ambos países frente al conflicto norirlandés: Dublín se comprometía a cambiar su Constitución para excluir de ella el objetivo de anexionar los nueve condados del Ulster que forman Irlanda del Norte y son parte del Reino Unido; y Londres aceptaba que "corresponde sólo a la gente de Irlanda, por acuerdo de las dos partes respectivas, ejercer el derecho a la autodeterminación basado en el consentimiento, dado de manera libre y circunstancial, Norte y Sur, para llegar a una Irlanda unida si ese es su deseo". El Sinn Fein, brazo político republicano, podía sumarse a las conversaciones sobre Irlanda del Norte si el IRA renunciaba a la violencia. La banda terrorista declararía el alto el fuego el 31 de agosto de 1994.

Los presos que aceptaron el proceso de paz acabaron saliendo de la cárcel

El IRA rompió el alto el fuego en 1996, en un atentado que mató a dos personas

La autonomía se ha suspendido cuatro veces desde que se eligió la primera Asamblea

A partir de entonces se abrió un periodo de tensiones como consecuencia de la cuestión del desarme. El IRA no aceptaba que el desarme fuera una condición previa a la negociación, como exigían los unionistas y el Gobierno británico del primer ministro John Major. La entrega previa de armas "no es una condición sensata", manifestó el entonces primer ministro de Irlanda, Albert Reynolds. "Tiene que haber un progreso significativo en la cuestión de las armas", respondió Major.

El IRA rompió el alto el fuego el 9 de febrero de 1996 con el espectacular atentado de Canary Wharf, que mató a dos personas e hirió a otras 100. El Gobierno de Major acabó decantándose por el pragmatismo y aceptó que el Sinn Fein pudiera participar en las conversaciones si cumplía las condiciones propuestas por el mediador de Estados Unidos, George Mitchell: el desarme no tenía que ser condición previa pero se tenía que llevar a cabo de forma completa, mutua (todos los grupos paramilitares, tanto republicanos como lealistas) y verificable por una comisión internacional independiente.

El IRA restableció el alto el fuego en julio de 1997, ya con los laboristas de Tony Blair en Downing Street, pero se llegó a las conversaciones de la Semana Santa de 1998 sin que hubiera destruido ni una sola bala. Pese a ello, se cerraron los históricos acuerdos de paz.

En el plano político, los acuerdos establecieron la creación de un Gobierno autónomo y una Asamblea Parlamentaria, con un ejecutivo formado de forma paritaria entre católicos y republicanos en el que el partido más votado obtenía la presidencia (ministro principal) y el más votado de la otra comunidad la vicepresidencia. El reparto de carteras se haría de forma matemática, aplicando la ley D'Hont a los votos obtenidos en las elecciones y asegurando así un ejecutivo en el que estuvieran los grandes partidos de ambas comunidades.

El acuerdo fijaba también los mecanismos de una mayor relación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y también entre la isla de Irlanda y Gran Bretaña.

En paralelo, se fijaron las condiciones de la salida a la calle de los presos de las bandas paramilitares. El acuerdo se fijó un horizonte de dos años para la liberación, a la que se pudieron acoger sólo los presos de las bandas armadas que aceptaron el proceso de paz y renunciaron a la violencia, y cuya excarcelación no constituía un peligro público. Todos los presos que aceptaron el abandono de las armas acabaron saliendo y dos años después sólo quedaban en prisión una quincena de militantes lealistas pro británicos opuestos al proceso de paz. Más de 500 presos se beneficiaron de la reducción de sus condenas, aunque siempre con la amenaza de volver a prisión si tomaban de nuevo las armas.

La cuestión del desarme, sin embargo, siguió sin resolverse y acabaría envenenando las relaciones entre ambas comunidades y paralizando las instituciones autonómicas. Los republicanos jugaron políticamente con esa baza para debilitar al unionismo moderado y presionar al Gobierno británico. Su primer acto de decomiso de armas no llegó hasta el 22 de octubre de 2001, meses después de que expirara el plazo de dos años marcado para completar el proceso. Los retrasos en el desarme, el mantenimiento de la violencia de baja intensidad y las actividades de inteligencia del IRA han mantenido en jaque permanente el proceso de paz, aunque el retorno a las armas nunca ha sido una hipótesis plausible.

La autonomía se ha suspendido hasta cuatro veces desde que se eligió la primera Asamblea de Stormont, el parlamento autónomo, y de hecho sigue suspendida desde el 14 de octubre de 2002. Algunos analistas culpan de esa parálisis precisamente a la rápida liberación de los presos y al hecho de que el desarme no fuera una condición previa. A su juicio, eso ha permitido al IRA centrarse en sus actividades mafiosas, como el contrabando de gasolina y cigarrillos, las drogas, el control de los barrios.

Otros creen que los Acuerdos de Paz nunca se hubieran firmado sin un compromiso para que salieran a la calle los presos que se acogieron a él, y sostienen que Gerry Adams, líder del Sinn Fein, necesitaba tiempo para que la renuncia del IRA a las armas fuera real y no una mera declaración voluntarista que habría acabado por provocar una escisión de la banda terrorista y prolongado el problema. A fin de cuentas, el desarme es una cuestión más simbólica que real, porque la banda bien puede haber guardado parte de los arsenales o comprar armas nuevas.

Para los más pragmáticos, lo importante es el gesto político de que haya renunciado a la lucha armada, como hizo en julio del año pasado, aunque hayan tardado siete años desde la firma de los Acuerdos de Viernes Santo, y que formalmente sus arsenales se consideran ya puestos fuera de uso. Todo eso ha tardado en hacerse, pero esa renuncia ha sido aceptada por el conjunto del IRA y las posibilidades de que surja una escisión importante son mínimas.

En estos momentos, las instituciones autonómicas llevan casi cuatro años suspendidas y el sectarismo no sólo no se ha reducido, sino que parece ir en aumento y los partidos más radicales se han hecho con el liderato de cada una de las facciones: el Partido Democrático del Ulster (DUP) del reverendo Ian Paisley entre los protestantes y los republicanos del Sinn Fein entre los católicos. Precisamente eso es lo que más dificulta el restablecimiento de la autonomía, porque DUP y Sinn Fein están condenados a entenderse.

El enésimo ministro británico para Irlanda del Norte, Peter Hain, ha convocado ya negociaciones entre los partidos para desbloquear la situación. Pero hace falta tiempo aún para certificar que la declaración del IRA renunciando a la violencia, en julio pasado, significa el fin de todo tipo de violencia relacionada con los republicamos, incluida la violencia mafiosa o de baja intensidad. Si pasado un tiempo prudencial no hubiera acuerdo, podría haber nuevas elecciones para dar una opción de victoria a las formaciones moderadas.

Pero quedan otros asuntos importantes aún pendientes desde los acuerdos de Viernes Santo. El Sinn Fein sigue sin aceptar como propio al cuerpo de policía de Irlanda del Norte, un elemento considerado esencial porque no puede seguir dándose la paradoja de que un partido forme parte del Gobierno pero no reconozca a la policía.