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Dimite Angelo Balducci, principal acusado en el caso de corrupción en las obras del G-8 en Italia

Era el presidente del Consejo Superior de Obras Públicas y está implicado en una enorme y lucrativa red de intereses privados con otros altos funcionarios

El escándalo del G-8 en La Magdalena y los contratos adjudicados por la Protección Civil de Italia sigue avanzando. El ingeniero Angelo Balducci, principal acusado y mano derecha del viceministro Guido Bertolaso , ha presentado hoy su dimisión mediante un telegrama enviado desde Regina Coeli al ministro de Infraestructuras y Trasportes, Altero Matteoli.

Balducci, caballero de Su Santidad -el exclusivo club laico de la Curia romana-, era hasta ahora presidente del Consejo Superior de Obras Públicas, y ha sido acusado de tejer una enorme y lucrativa red de intereses privados con otros altos funcionarios y el empresario romano Diego Anemone. Según publica hoy L'Espresso, los gastos totales generados por el G-8 en La Magdalena y el posterior traslado a L'Aquila costaron al erario italiano más de 500 millones de euros.

La revista publica en su web un vídeo que muestra la apertura de una carta sellada en 2007, escrita por un alto funcionario del Ejército que trabajaba entonces para el Gobierno de Romano Prodi. En el papel, escrito a máquina y firmado, figura una relación en la que están los nombres de Bertolaso, Balducci y algunos de los contratistas que según el militar serían elegidos para realizar las faraónicas obras del G-8. Con dos años de adelanto, el funcionario de presidencia del Gobierno adivinó los nombres de varias personas que hoy están siendo investigadas por corrupción. Según L'Espresso, el militar entregó otra copia sellada al ministerio de Administración Pública.

El Gobierno y el Constitucional, sobre la deslegitimación

Tras el ataque lanzado ayer por el primer ministro Silvio Berlusconi contra las "bárbaras escuchas judiciales" y "el estado policial", el Gobierno ha matizado hoy su posición ante la sucesión de escándalos. El ministro Claudio Scajola ha señalado que hace falta más moralidad en la vida pública pero que los jueces deben ser conscientes de que no deben "deslegitimar el sistema".

Una respuesta indirecta ha venido de parte del presidente del Tribunal Constitucional, criticado con extrema dureza por el primer ministro tras la sentencia que declaró inconstitucional del Laudo Alfano. Francesco Almirante ha declarado: "La Corte Constitucional no tiene orientación política. Su única orientación es respetar los principios constitucionales". Y ha añadido: "Cuando se deslegitima una institución, se deslegitima el concepto mismo de institución, y sin respeto a las instituciones, el pueblo puede transformarse en una masa amorfa".