“No es fácil sobrevivir, la verdad”

Stuart Noden, un ebanista en Manchester que quedó incapacitado por enfermedad, no puede acceder a prestaciones por las políticas de austeridad y está a punto de perder su vivienda

Stuart Noden en su casa de Clifton, Salford. / Christopher Thomond for The Guar

La historia de Stuart Noden es un ejemplo aleccionador de con qué rapidez se puede venir abajo la vida en una época de austeridad. Noden, de 51 años, lleva más de tres decenios trabajando como ebanista en Manchester. Hasta hace poco, tenía una casa y se iba de vacaciones al extranjero dos veces al año.

Sin embargo, desde que, hace dos años, sufrió un desmayo y se cayó del tejado de su casa cuando estaba arreglándolo, la vida de Noden se ha derrumbado. En marzo tuvo una serie de miniderrames seguidos de un severo en junio. Se ha quedado con el lado izquierdo debilitado, necesita un bastón para caminar y sufre ataques periódicos.

“Antes trabajaba todos los días, no me puse enfermo en 33 años. Ahora casi no puedo andar y me canso tanto que estoy todo el día durmiendo”, explicó Noden a The Guardian. Pero su salud no es más que parte del problema. En Reino Unido, la crisis financiera y fiscal se ha sentido sobre todo en las áreas más afectadas por los recortes de un Gobierno decidido a contener la deuda pública.

Noden está sin trabajar desde marzo. El cardiólogo del hospital le dijo que no podía seguir conduciendo y que no podría volver a trabajar. Sin embargo, no ha conseguido suficientes puntos para tener derecho a las prestaciones destinadas a las personas que sufren incapacitación por enfermedad.

Dice que el perito oficial no anotó los problemas que Stuart estaba experimentando ni sabía nada de las repercusiones ocultas de su estado. El nuevo sistema de puntos, que comenzó de manera restringida para probar con el Gobierno anterior y se ha extendido con el Gobierno de coalición actual, decide quién tiene derecho a la asignación, llamada prestación de empleo y ayuda. Sus detractores aseguran que se está utilizando para reducir de manera disimulada las listas de beneficiados.

“Me dijeron que no tenía más que 6 puntos y necesitaba 15. No puedo trabajar y estoy entrando y saliendo todo el tiempo del hospital. Si no tengo derecho a la prestación, ¿quién lo tiene?”

Noden ha recurrido contra la decisión, pero el Ministerio de Trabajo y Pensiones le respondió que el proceso tardaría al menos seis meses. “Una maldita locura”, dice él.

Según Noden, el kafkiano mundo de las prestaciones es “un infierno de gente maleducada que dice no”. La decisión de no concederle la prestación le ha costado 90 libras (122 euros) semanales, la cantidad que podría haber estado cobrando. Además, Noden solicitó el subsidio de desempleo, pero no se lo dieron porque no estaba en “una condición médica apropiada” para buscar trabajo.

Entonces pidió la prestación de discapacidad, pero le dijeron que no tenía el grado suficiente para recibirla. Por último, pidió una ayuda de vivienda y al principio le dieron 10 libras semanales, pero ahora la han interrumpido.

Como consecuencia, el matrimonio tiene que vivir del sueldo de su mujer —que trabaja de limpiadora—, 574 libras al mes. Pero, con una hipoteca de 72.000 libras, que les cuesta 520 libras mensuales, saben que no van a poder vivir solo con esos ingresos.

“Estamos manteniéndonos com 25 libras a la semana. Mi mujer no consigue más horas para trabajar. Así que comemos exclusivamente alimentos congelados. No es fácil sobrevivir, la verdad”. Por si fuera poco, están a punto de perder su hogar, porque están retrasándose con los plazos de la hipoteca. “Al banco no le importó bajarnos los pagos al principio, hasta hace unas semanas, cuando estaba yo en el hospital, que iniciaron trámites para demandarnos. Enviaron a unas personas a casa para asegurarse de que no había huido ni nada semejante”.

Cuando se quede sin casa, a Noden tendrá que darle vivienda el ayuntamiento local, lo cual significará usar el dinero de los contribuyentes para darle techo. “Si me hubieran concedido las prestaciones desde el principio, podríamos haber conservado nuestra casa. Pero no, el banco se queda con la casa y el Gobierno y el ayuntamiento tienen que pagarme una vivienda en otro sitio. Es una locura”.

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