Centroamérica, un embudo de violencia

Apagado el debate sobre la regulación de la droga, cada país del istmo lucha a su modo contra sus idiosincrasias criminales

Dos mujeres lloran tras un tiroteo en Ciudad de Guatemala. / j. ordóñez (AFP)

“La despenalización se tiene que tomar en cuenta”, dijo el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, a principios de 2012. Hace un año que el exgeneral abrió al máximo nivel el debate en Centroamérica sobre la posibilidad de regular el tráfico y el consumo de drogas para quitarle el negocio al crimen organizado y debilitar así una fuerza motriz de la violencia en la región. Hoy, el debate se ha enfriado. La postura de Pérez Molina se ha reducido a un sonsonete de la política global —“la droga crece y siguen llegando las armas”, recordó en enero en el foro de Davos— y cada país lucha por su cuenta contra sus idiosincrasias criminales.

La medida más relevante de 2012 la tomó El Salvador con un pacto entre las maras (las pandillas callejeras) auspiciado por el Estado. En este país de seis millones de habitantes se calcula que hay 50.000 pandilleros sueltos y 10.000 encarcelados. Su poder homicida, enlazado a un negocio que mezcla tráfico de drogas, tráfico de personas y extorsión, había disparado la tasa de homicidios: en 2011, la tasa de asesinatos era de 69 por cada 100.000 salvadoreños. Las maras bajaron el pistón a cambio de una política penitenciaria más suave para sus capos encarcelados y en un año El Salvador ha pasado de 14 a 5 homicidios diarios. El pacto ha rebajado el número de muertos, pero también ha despertado una pregunta de fondo: ¿tan débil estaba el Estado como para tener que negociar con el crimen?

En opinión de los expertos, la fragilidad institucional es el quid del problema centroamericano, y su paradigma es Honduras, el país más violento del mundo en 2011 con 92 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según datos de la ONU. “Es una sociedad tremendamente desigual en la que el Estado no se ha hecho valer sobre los intereses de las oligarquías”, dice el sociólogo mexicano Rubén Aguilar. En diciembre, la ONG Transparencia Internacional situó a Honduras como el país más corrupto de Centroamérica. El Gobierno de Estados Unidos lo ha calificado como el “aeropuerto de la mafia”. Ocho de cada 10 aviones que salen de Colombia o de Venezuela cargados de cocaína aterrizan en pistas clandestinas de su costa caribeña, en zonas como La Mosquitia o La Ceiba, donde arrestaron en 2012 a un líder de la banda criminal colombiana de Los Urabeños. Cuando fue detenido, Alexander Montoya Úsuga, El Flaco, estaba paseando tranquilamente a su perro.

En la costa hondureña se descargan los aviones y se cargan los vehículos que llevan la cocaína por tierra hasta la frontera de Guatemala con México, penúltima parada antes de Estados Unidos, un país que en 2009, según datos de la ONU, consumió 27.000 millones de euros en coca. A veces, los vuelos llegan directos a esa frontera, una franja selvática de 900 kilómetros de largo y con unos 300 pasos clandestinos.

Guatemala es el segundo país que más inquieta a los analistas. En 2010 el Pentágono consideró que había riesgo de que se convirtiese en un narco-Estado. Es el tercer país centroamericano con más homicidios (39 por cada 100.000 habitantes en 2011), pero según datos oficiales el año pasado la tasa bajó un 23%, lo que sumaría tres años seguidos de descenso. De acuerdo con Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño, hoy consultor de conflictos, Guatemala y Honduras comparten un problema de “pérdida de soberanía territorial del Estado”. El politólogo mexicano Alejandro Hope aporta un dato que refleja la anemia guatemalteca de poder público: se calcula que por cada policía o militar, en este país hay cinco agentes de seguridad privada.

Guatemala, Honduras y El Salvador forman el Triángulo Norte de Centroamérica, la zona de la región más inestable y a la que más afecta el crimen organizado. Nicaragua, más al sur, dejó atrás en los noventa una guerra civil, como Guatemala y El Salvador, pero ha salido más entera de aquella crisis. Hope, Aguilar y Villalobos coinciden en que la policía y los comités civiles de seguridad formados por la revolución sandinista tienen una solidez que impide que la delincuencia domine el territorio como en sus países vecinos. Con todo, Nicaragua también tiene un espacio de costa caribeña con poca presencia estatal por el que los narcos cuelan sus cargamentos, y no es inmune a las mafias. Según Roberto Orozco, experto nicaragüense en seguridad, su Poder Judicial es corrupto y hay redes de narcotráfico locales en desarrollo. Los dos países más al sur, Costa Rica y Panamá, no son territorios estratégicos para el tráfico de droga y tienen las instituciones más estables de la región.

El embudo de violencia que se ha creado en la zona norte se debe en parte, según la ONU, al refuerzo de las políticas de seguridad en México durante el mandato de Felipe Calderón. “Su éxito en la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un problema para los demás”, dice el español Amado de Andrés, representante de la agencia antidroga de la ONU para Centroamérica y el Caribe. La batalla de Calderón contra el narco, que en seis años ha causado al menos 60.000 muertos y 20.000 desaparecidos, supuso un control mayor de los puertos marítimos por donde entraba la cocaína y de los vuelos que aterrizaban directamente en este país, de modo que los carteles de la droga, según De Andrés, empezaron a operar en Centroamérica; esto ha implicado en la zona una lucha por el control territorial y ha espoleado lo que Aguilar define como la “violencia endémica”, histórica y con multitud de factores, que padece la región.

El año 2013 comienza con los indicadores de homicidio altos, pero a la baja en el Triángulo Norte, y sin el revuelo de 2012 en torno al debate de la regulación de la droga. Los males, sin embargo, siguen latentes, y a excepción de la controvertida tregua firmada por El Salvador con las pandillas no ha habido cambios estratégicos globales que hagan pensar que Centroamérica esté superando el problema. Villalobos advierte de que no estamos ante Estados fallidos como Haití o como Somalia, pero sí ante países en los que la economía formal “convive” cada vez más a gusto con la economía criminal, una relación que, según el exguerrillero, podría fraguar aún en un conflicto de más calado.

Con información de Carlos Salinas (Nicaragua y Honduras), Juan José Dalton (El Salvador), José Elías (Guatemala) y José Meléndez (Costa Rica y Panamá).

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