Los ataques a la libertad de expresión tensan las relaciones de EE UU y Egipto

Las relaciones entre los gobiernos egipcio y estadounidense han experimentado turbulencias durante las últimas horas a raíz de los intentos de silenciar voces disidentes dentro del país árabe, entre ellas varios periodistas. Desde los think tank estadounidenses se ha criticado en numerosas ocasiones la deriva autoritaria del presidente islamista Mohamed Morsi. Sin embargo, la Casa Blanca ha mostrado siempre una actitud deferente hacia El Cairo. ¿Representa la reciente disputa una excepción, o el inicio de un viraje diplomático?

El detonante de la crisis fue el arresto del célebre cómico televisivo Bassem Youssef, acusado de haber “insultado al presidente y al islam”. El presentador fue interrogado el pasado domingo y puesto en libertad tras el pago de una fianza de 15.000 libras (unos 1.800 euros). Su procesamiento judicial se suma al de varios conocidos activistas y reporteros acaecidos durante las últimas semanas. De hecho, el propio Youssef vio cómo se abría una nueva causa en su contra el día siguiente a su declaración.

En unas declaraciones inéditas, el secretario de Estado, John Kerry, dijo el martes que EE UU “está preocupado sobre la dirección hacia la que se mueve Egipto”, refiriéndose a “las recientes detenciones”. Asimismo, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, calificó la interrogación de Youssef como una “muestra de las crecientes restricciones a la libertad de expresión en Egipto”. Esta es la primera vez que Washington censura sin ambages a las autoridades egipcias por el acoso a las libertades individuales, un movimiento largamente demandado por los activistas egipcios.

La marca electoral de los islamistas Hermanos Musulmanes, el Partido de la Libertad y la Justicia, ofreció una respuesta rápida y contundente a estas declaraciones, calificándolas de “una interferencia descarada en los asuntos internos de Egipto”, que “despierta enormes dudas respecto a la posición y el discurso de la administración de EE UU”.

Además, en su comunicado, el partido afirma que la principal acusación contra Youssef no fue haber insultado a Morsi, sino la religión musulmana. En el clima de polarización que vive Egipto, los medios de comunicación se han convertido en blanco de las iras de los movimientos islamistas, que les acusan de un sesgo favorable a los partidos laicos, lo que explicaría su pérdida de popularidad en la calle.

El litigio entre ambos gobiernos encontró un reflejo en las redes sociales, una nueva muestra de su importancia en la comunicación política. La embajadora estadounidense en El Cairo, Anna Paterson, decidió ayer cerrar durante varias horas la cuenta de Twitter de su legación diplomática para evitar una escalada dialéctica. Poco antes, desde esa misma cuenta se había enviado un tuit con un vínculo a un vídeo del cómico estadounidense Jon Stewart en el que se solidarizaba con Youssef y realizaba una incisiva crítica a Morsi. “Es inapropiado para una misión diplomática entrar en una propaganda tan negativa”, contestó la presidencia egipcia al respecto también a través de la red social.

Para rebajar la tensión, la presidencia emitió un comunicado en el que se distanció de la causa contra el cómico televisivo, escudándose en la independencia del fiscal general. “La presidencia reitera la importancia de la libertad de expresión, y respeta completamente la libertad de prensa. Todos los ciudadanos son libres de expresarse sin las restricciones que predominaban en la era del anterior régimen”, rezaba el texto.

Sin embargo, entre activistas y ONG, las palabras de Morsi apenas cuentan ya con alguna credibilidad. “Es falso argumentar que es una simple aplicación orgánica de la ley, y que no hay una decisión política detrás”, sostiene Heba Morayef, responsables de Human Rights Watch en Egipto. Sobre todo, causa indignación la rapidez con la que el fiscal general actúa contra las voces disidentes, mientras las denuncias de torturas y desapariciones duermen el sueño de los justos en un cajón de su despacho.

Precisamente, la continuidad Talaat Abdalá, el fiscal general, es uno de los principales puntos de conflicto entre gobierno y oposición, enzarzados desde hace meses en una guerra política de desgaste. Una reciente sentencia judicial declaró ilegal el nombramiento de Abdalá, tal como denuncia la oposición. No obstante, de momento, las autoridades se han negado a aplicar el veredicto, y están preparando un recurso.