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México recibe a Obama con la esperanza de definir una nueva relación estratégica

El Gobierno de Peña Nieto pretende que la cooperación económica prime sobre la de seguridad

Peña Nieto y Obama, en noviembre pasado.

La cuarta visita de Barack Obama a México este jueves y el viernes, pero la primera en la que se encontrará con un presidente del PRI, Enrique Peña Nieto, se produce en un momento decisivo para definir una nueva relación estratégica entre ambos países. La idea de que la cumbre representa una extraordinaria oportunidad para un cambio de enfoque en una cooperación compleja, sometida a un vaivén histórico entre el amor y el odio, y dominada en los últimos años por la seguridad frente al narcotráfico, ha sido repetida como un mantra por políticos y comentaristas mexicanos en los últimos días. El presidente de EE UU llega cuando las expectativas internacionales ante el despegue económico del vecino del Sur han llegado hasta el extremo de bautizarlo como el tigre azteca y cuando su Administración ha establecido como prioridad la reforma migratoria, dado el creciente peso político de la comunidad hispana en el gigante del Norte.

El “momento México”, como ha llamado la prensa estadounidense a las esperanzas suscitadas por la agenda de reformas recogidas en el Pacto por México, suscrito por los tres principales partidos mexicanos, invita a que la economía, el comercio y la inversión ocupen un lugar destacado en las conversaciones entre los dos mandatarios, dejando quizá en segundo plano por una vez la cooperación en materia de seguridad.

Las reformas energética y fiscal anunciadas por el Gobierno del PRI para el segundo semestre de este año alientan la posibilidad de un relanzamiento o al menos de una puesta al día del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado hace casi 20 años. México es el tercer socio comercial de EE UU tras China y Canadá. El 80% de las exportaciones mexicanas tiene por destino el vecino del Norte y el 40% de lo que éste exporta está hecho en el país del sur. La cooperación en energía, sobre todo en la explotación del shale gas, podría ser además uno de los pilares de esa Plataforma Norteamérica de la que ya hablan algunos expertos y que tendrá sin duda consecuencias geopolíticas en la próxima década.

La reforma migratoria, que prevé legalizar a 11 millones de indocumentados en EE UU, en su mayoría mexicanos, así como la seguridad en los más de 3.000 kilómetros de frontera común, por donde diariamente circulan armas y drogas, serán también temas centrales en la conversación de los dos presidentes. Las autoridades mexicanas quieren ser vistas como socios y no como una amenaza –el flujo migratorio se ha detenido en los últimos años- e imponer la idea de “responsabilidad compartida” ante los problemas. Como declaró el ministro de Exteriores, José Antonio Meade, a este diario hace unos días, “México no es un actor pasivo” en ambos debates.

No obstante, la seguridad frente al narcotráfico seguirá siendo una parte crucial de la relación. Funcionarios estadounidenses han expresado recientemente su sospecha sobre la existencia de una tregua entre el Gobierno del PRI y los carteles de la droga y, sobre todo, su temor a mayores restricciones por parte del Ejecutivo de Peña Nieto a la presencia de agentes gringos en el país, cuya libertad de movimientos durante el sexenio del presidente Felipe Calderón provocaba profundos recelos entre los mexicanos.

El Gobierno del PRI ha defendido una estrategia preventiva ante el narcotráfico, fijándose un objetivo –“reducir la violencia”- que no parece haber sido entendido por el establishment estadounidense. La violencia no ha disminuido de momento –ha habido más de 3.000 muertos en incidentes relacionados con el crimen organizado desde que Peña Nieto tomara posesión el pasado 1 de diciembre- al tiempo que el Ejército ha reducido en un 36% el número de sus efectivos –de 50.000 a 32.000- desplegados en la lucha contra el narco. También ha habido recortes en la Armada y la Policía Federal y, según el excanciller Jorge G. Castañeda, los militares están “desmontando retenes en las carreteras” y “dejando de patrullar vías y pueblos” en algunos Estados. Significativamente, México anunció el martes la detención de Inés Coronel, suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa.

Otro flanco de la guerra contra el narcotráfico heredada de Calderón es el de la violación de los derechos humanos y de la impunidad de sus responsables, un problema que preocupa a congresistas de EE UU y ONGs de los dos países. En este sentido, se pretende que la Iniciativa Mérida – el acuerdo de cooperación en la lucha contra el crimen organizado que entró en vigor en 2008 bajo la presidencia de George W. Bush- se oriente hacia el fortalecimiento del Estado de derecho.

Tras su entrevista el jueves con Peña Nieto, Obama dará un discurso al día siguiente a los jóvenes mexicanos en el Museo Antropológico de la capital. La cooperación en educación, sobre todo el intercambio de estudiantes entre los dos países, será otro de los aspectos a tratar por ambos mandatarios.

Sin embargo, la cumbre que hace tan solo un mes estaba cargada de buenos augurios llega cuando la luna de miel de Peña Nieto con los mexicanos parece tener sus días contados –fisuras en el Pacto por México, rebelión de los maestros, desgobierno en algunos Estados-y Obama se enfrenta al dilema de una intervención en Siria de imprevisibles consecuencias mundiales.