La escalada de violencia pone en peligro el voto en Pakistán

Ataques talibanes contra partidos o mítines dejan 80 muertos desde abril

Un grupo de paquistaníes portan el cuerpo del candidato asesinado este viernes, Sadiq Zaman Khattak. / ASIF HASSAN (AFP)

Un candidato a la Asamblea Nacional de Pakistán ha sido asesinado este viernes en Karachi. Sadiq Zaman Khattak se presentaba por el Partido Nacional Awami (ANP), uno de los tres, junto al Partido Popular de Pakistán (PPP) y el Movimiento Muttahida Qaumi (MQM), amenazados por los talibanes ante las elecciones del próximo 11 de mayo. A mediados de abril, los extremistas mataron a dos candidatos del MQM a la Asamblea Provincial de Sind, pero los ataques contra partidos políticos o mítines electorales han causado al menos 80 víctimas mortales desde principios de abril. Algunos activistas denuncian que la violencia compromete la credibilidad de los comicios.

Khattak salía de la mezquita Rehmania, donde había asistido acompañado de su hijo Ahmed a la plegaria del viernes, cuando dos hombres le dispararon a quemarropa. El candidato murió en el acto. Ahmed, de cuatro años, falleció en el hospital poco después. De acuerdo con su partido, el político había recibido amenazas con anterioridad.

En realidad, todos los candidatos liberales, o que propugnan la separación de Estado y religión, están amenazados desde que los talibanes lanzaran su yihad contra las elecciones. Pero los nacionalistas pastunes del ANP parecen molestarles en especial ya que compiten con ellos por el apoyo de la misma comunidad étnica.

El pasado 18 de marzo, un portavoz de Tehrik-e-Taliban (los talibanes paquistaníes) declaró que los comicios eran parte de un “sistema democrático contrario al islam, que solo sirve a los intereses de los infieles y los enemigos de la religión”. También advirtió a los votantes que evitaran los mítines de los tres principales partidos que formaron parte del Gobierno saliente, liderado por el PPP con el apoyo del MQM y el ANP. Diez días más tarde, la misma fuente anunciaba que “había decidido atacar a [ESOS]partidos”.

A la vista de los incidentes ocurridos, parecen haber cumplido sus amenazas. En cualquier caso, han limitado considerablemente la campaña electoral de esas tres formaciones. En el sur de Pakistán, tanto el PPP como el MQM han evitado los mítines a gran escala que solían organizar en elecciones anteriores. También muchos candidatos liberales han dejado de hacer campaña puerta a puerta en las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, las vecinas zonas tribales, y Karachi.

“La violencia compromete la credibilidad del proceso y equivale a un amaño preelectoral”, declaró Ali Dayan Hassan, el director de Human Rights Watch en Pakistán, poco antes de conocerse el asesinato de Khattak.

Según su recuento, hasta entonces ya sumaban 80 los muertos y 350 los heridos en una treintena de ataques relacionados con actividades electorales desde principios de de abril. Y el del candidato del ANP no fue el único que se produjo ayer. Hassan subraya que la mayoría de las víctimas de esa “campaña de terror” pertenecen a los partidos liberales, lo que hace temer que sus partidarios opten por abstenerse en las elecciones, lo que afectaría a los resultados.

“A una semana de las elecciones, el propósito de asustar a los votantes se ha conseguido”, denuncia el activista. En su opinión, las autoridades debieran haber hecho un mayor esfuerzo para garantizar la seguridad. Solo ahora el Ejército ha empezado a desplegar a 70.000 soldados de cara al día de la votación.

En la mente de todos está el magnicidio de Benazir Bhutto, la líder del PPP, en vísperas de las elecciones de 2008. Precisamente este jueves, el fiscal encargado de ese caso, Chaudhry Zulfiqar, fue asesinado en Islamabad.

“Es un asunto muy preocupante; significa que alguien no quiere que se investigue”, interpreta Hasan. “El próximo fiscal va a tener miedo, lo que crea una situación en la que no se va poder pedir cuentas a nadie”, concluye.

En los cinco años transcurridos, varios sospechosos han sido imputados, pero nadie ha sido condenado. El caso volvió a adquirir relevancia tras el regreso al país el mes pasado del general Pervez Musharraf, que era presidente de Pakistán cuando se produjo el atentado. Musharraf está acusado de no haber dado suficiente protección a la popular política.

El fiscal asesinado también se ocupaba del sumario relativo al atentado terrorista de 2008 en la ciudad india de Bombay, donde murieron 166 personas y del que se acusó a Lashkar-e-Taiba, un grupo radical islamista cuya creación se atribuye a los servicios secretos paquistaníes.

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