Un documental obliga a México a revisar los límites de la libertad de expresión

El documental Presunto Culpable parece estar llamado a poner a prueba el sistema judicial de México. La cinta estrenada en 2011 evidencia el injusto encarcelamiento de Toño, un joven mexicano después de ser condenado a 20 años de prisión en un proceso plagado de irregularidades y falsos testimonios. Pero si su lanzamiento sirvió para denunciar la ineficiencia de las instituciones y para sacar los colores a los mexicanos, lo que vino después solo confirmó que las cosas funcionan muy mal en el sistema judicial. Ni la mejor cinta de ficción podía prever que Roberto Hernández y Layda Negrete, los productores de la película, podían pasar de denunciantes a acusados e incluso condenados.

Un tribunal de Morelia tenía este viernes una gran responsabilidad. Debía decidir si confirmaba el amparo concedido hace dos años por una juez que decidió suspender la exhibición de la cinta. Una de las personas que aparecía en ella denunció que dañaba su imagen. Si el tribunal michoacano hubiera confirmado el amparo, habría permitido a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) no otorgar licencias de distribución y exhibición a las cintas que pudieran afectar la imagen de las personas que aparecen en ellas. “La mera existencia de un procedimiento tal supondría que RTC tuviera facultades para censurar cintas de forma previa, pues tendría que considerar el consentimiento de quienes aparecen para otorgar el permiso de exhibición”, denunciaba Roberto Hérnandez en un comunicado que difundió este jueves. 

Eso es lo que pretendía el amparo a pesar de que en un documental - o en un reportaje televisivo - puedan aparecer decenas de personas sin dar su consentimiento. Finalmente, la decisión ha sido favorable para los cineastas, como han confirmado a este periódico sus abogados. El tortuoso camino de esta cinta empieza a allanarse: empezó siendo recibida con aplausos y galardonada en festivales internacionales y sus autores han terminado enfrentando 19 demandas civiles por las que les reclaman cerca de 3.000 millones de pesos (230 millones de dólares). 

Presunto Culpable narra la historia de José Antonio Zúñiga, Toño, un joven que fue condenado por un asesinato que no cometió y que pasó tres años en la cárcel hasta que dos jóvenes abogados - Hernández y Negrete - retrataron su historia con una cámara de vídeo. El documental muestra cómo, a pesar de que había pruebas y testimonios que demostraban que Zuñiga era inocente, se le declaró culpable basándose solo en el testimonio de un supuesto testigo. La cinta fue retirada de los cines mexicanos en su tercera semana de exhibición por decisión de la juez y después repuesta. Se convirtió en el documental más visto de la historia de México y fue premiado en EE UU con un Emmy al mejor trabajo periodístico. 

Fue el mismo testigo que provocó la condena a Zúñiga - Víctor Reyes - quien ha llevado la atención hasta este tribunal de Morelia, alegando que el documental afectaba su imagen. “Existe una fracción de la ley que establece que el RTC tiene la obligación de garantizar que en los medios audiovisuales no se afecte la imagen de la persona. Lo que se pedía en esta ocasión es que la RTC ejerza esa obligación antes de permitir que se exhiba cualquier elemento fílmico, documental y también de radio. Por eso decimos que una confirmación supondría abrir la puerta a la censura previa en México”, explica el Licenciado Javier Quijano Baz, uno de los abogados de Hernández. 

Quijano explica que la ley mexicana ampara a los que se sientan afectados por daños morales y que estos pueden acudir a los tribunales a pedir una compensación. Pero que el proceso se hace a posteriori para evitar justamente que se censuren. 

Esta victoria de la cinta es solo un pequeño paso en el camino de tribunales al que se enfrentan sus responsables. El documental tiene abiertos tres juicios por daños morales. “Evidentemente, hay alguien interesado que promueve estas acciones”, asegura el abogado. La cinta sirvió para desmontar el testimonio de Reyes, que acusaba a Toño de haber matado a su primo a pesar de que no lo mencionó en sus dos primeras declaraciones. En México, el actual sistema judicial - que está obligado a modernizarse antes de 2016 - considera a los acusados culpables hasta que se demuestre lo contrario. Además, Reyes reconoció en una de las audiencias que no había visto la Presunto Culpable, a pesar de haber presentado una demanda porque consideraba que dañaba su imagen. 

Los responsables de la cinta han tenido que chocarse con muchos muros desde el estreno, sobre todo desde la propia justicia. Los jueces incluso llegaron a decirles que “se habían pasado” con el documental. Este mismo viernes, mientras se esperaba la decisión del tribunal, Hernandez denunció que había recibido una amenaza telefónica. “Me advirtieron que me calmara porque si no me iba a cargar la chingada a mí y a mis hijas”, dijo el director a la organización Artículo 19. A pesar de que el magistrado ponente informó a algunos medios de comunicación sobre la decisión, el director no ha sido notificado todavía formalmente, algo que podría tardar varios días en ocurrir. Hernández, quien ha denunciado las amenazas, se choca de nuevo contra el sistema de justicia que retrató a través de su cámara.