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Las nuevas reglas de la reforma energética de México

Estos son los puntos clave de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para reglamentar la apertura del sector

Tras la aprobación de la reforma energética en diciembre de 2013, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha enviado este miércoles al Congreso su propuesta para reglamentar la apertura del sector a la inversión privada y extranjera. La transformación supone cambios a 13 leyes y la creación de ocho más, cambios que no se habían visto en los últimos 75 años en el país.

Peña Nieto ha apostado por construir un entorno en el que las empresas competirán por obtener contratos para explotar hidrocarburos y donde las empresas estatales deberán reestructurarse para participar. “Se incrementará la seguridad energética del país al reducir nuestra dependencia del exterior”, ha dicho el mandatario tras la entrega del paquete legislativo. Estos son los puntos clave de las reglas que el Gobierno mexicano busca para el sector energético de México:

1. Los contratos. Se celebrarán contratos de servicios, utilidad y producción compartida así como licencias que serán asignados por el Estado mexicano a través de licitaciones públicas, donde el proveedor ganador será aquel que ofrezca la mayor ganancia para el país. Las empresas podrán registrar ante instituciones bursátiles las ganancias estimadas por sus contratos celebrados en México. Además, el Gobierno podrá suspender contratos si encuentra que no se han cumplido los trabajos establecidos en él, por proporcionar información falsa en el proceso de licitación, o por dañar el medio ambiente. Las empresas, sin importar su origen, estarán sujetas a las leyes mexicanas.

2. Las 4 instituciones reguladoras. El Estado mexicano operará la transformación del sector a través de cuatro instituciones: la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Fondo Mexicano del Petróleo. Las empresas que participen en el mercado energético de México obtendrán sus contratos y ganancias a través de estos organismos.

3.Transparencia. La administración de Peña Nieto ha formulado mecanismos para lograr que el sector de la energía tenga menos niveles de corrupción. Los contratos celebrados con cualquier compañía serán públicos en todo momento, además estarán a la vista los pagos que se hagan a dichas empresas. Los miembros de las comisiones e instituciones del Gobierno mexicano no podrán reunirse con los directivos de las empresas, a menos de que la reunión sea pública, y el Estado mexicano verificará que las empresas cuenten con códigos de ética.

4. Venta de gasolina. La propuesta de reforma energética establece que la exploración, explotación, transformación, distribución y almacenamiento de hidrocarburos se abrirá al mercado tan pronto como las leyes secundarias queden aprobadas por el Congreso mexicano, sin embargo, la administración de Peña Nieto ha excluido a las gasolinas de este proceso. La apertura de la comercialización de las gasolinas será gradual en los siguientes tres años, según propone la iniciativa presidencial. México importa actualmente el 49% de las gasolinas que consume.

5. Yacimientos transfronterizos. El Gobierno mexicano ha planteado que en caso de hallarse yacimientos en la frontera marítima con Estados Unidos, Petróleos Mexicanos (Pemex) participará obligatoriamente con un 20% como socio del proyecto. El senado de EE UU autorizó en diciembre de 2013 el Acuerdo Transfronterizo de Hidrocarburos para convenir con México la extracción de materiales en una superficie de unas 600.000 hectáreas en el Golfo de México donde se estima que es posible obtener unos 172 millones de barriles de petróleo y 304 billones de pies cúbicos de gas natural.

6. Pemex y CFE. Las compañías estatales de petróleo y electricidad se transformarán en empresas productivas del Estado y competirá con el resto de las compañías privadas por los contratos. Ambas empresas tendrán autonomía en su presupuesto y administración, aunque -por ejemplo-- una buena parte del Consejo de Administración de Pemex está compuesto por funcionarios del Gobierno mexicano, entre ellos, los titulares de Energía y Hacienda. Las dos empresas estatales deberán cumplir con condiciones de transparencia y rendición de cuentas similares a las que poseen las compañías que cotizan en bolsa, aunque aún no se ha determinado que alguna de ellas vaya a participar en el mercado de valores. Pemex ha contado ya con la ronda cero para elegir los campos que desea conservar y el próximo año competirá ya con otras empresas.

7. Contenido nacional. La propuesta presidencial ha establecido la protección para los inversores mexicanos. Los proveedores nacionales de la industria energética deben alcanzar un 25% para 2025, según fija la iniciativa. Los funcionarios mexicanos han señalado que las compañías mexicanas que deseen competir en la licitación de contratos tendrán preferencia sobre las empresas extranjeras. Este punto se ha incluido a petición de las patronales que además serán beneficiadas con un fideicomiso para promover su desarrollo.

8. Régimen fiscal. El cambio más significativo de la propuesta de Peña Nieto es respecto a la carga fiscal que Pemex tendrá, ahora de un 79% de sus ganancias y que será menor a un 65%. La Secretaría de Hacienda calcula que la petrolera mexicana podrá obtener utilidades tres o cuatro veces mayores a las que se consiguen actualmente, El Gobierno mexicano estima que el cambio en el régimen fiscal podría llevar unos 10 años. Las compañías privadas tributarán impuestos según el tipo de contrato que adquieran y la actividad que realicen.

9. Fondo Mexicano del Petróleo. El Congreso mexicano decretó en diciembre de 2013 la creación de este fondo, administrado por el Banco de México, inspirados en el modelo noruega. Ahora la administración de Peña Nieto propone un nuevo esquema de financiamiento en el que un monto equivalente al 4,7% del Producto Intreno Bruto (PIB) cubra el gasto corriente del Gobierno y los excedentes de la renta petrolera conformen una bolsa de ahorro para invertir en tecnología. El monto ahorro sólo podrá gastarse una vez que haya alcanzado el equivalente al 3% del PIB. La izquierda mexicana ha criticado este modelo asegurando que “se gasta antes de ahorrar”.