Peña Nieto alaba la función social de la ley de telecomunicaciones

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha inaugurado este martes el V Foro Internacional de Medios Públicos de América Latina, organizado por el Banco Mundial y Canal Once y enfocado a analizar los retos a los que se enfrenta el sector radiotelevisivo ante la revolución tecnológica. Durante el encuentro, que se celebra este martes y miércoles en la Ciudad de México, el primer mandatario ha subrayado la función democratizadora de la reforma de la ley de telecomunicaciones aprobada el año pasado y ha recordado que está dirigida fomentar la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos.

“En los Estados democráticos, los medios de comunicación son indispensables para informar a la sociedad, crear conciencia ciudadana y dar voz a la pluralidad de las ideas”, ha remachado Peña Nieto. “El Gobierno de la República trabaja con determinación para que todos los medios, tantos públicos como privados, ejerzan plenamente su libertad de expresión”, ha añadido. Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y Caribe, ha corroborado la postura del presidente mexicano y ha insistido en que las reformas “tienen que ensanchar la libertad prensa”.

Todos los ponentes, pertenecientes al mundo de la comunicación y procedentes de diferentes países del Latinoamérica, España y Estados Unidos, han puesto el acento sobre la necesidad de adaptarse a los cambios en la tecnología y en la ciudadanía y fomentar la función social de los medios públicos, así como su independencia y transparencia. “Existe un cambio en la matriz ética, cultural y de pensamiento. Ante este reto los medios públicos tienen un rol fundamental”, ha asegurado Orlando Pérez, director del diario ecuatoriano El Telégrafo.

En este contexto, Peña Nieto ha augurado que los medios sean capaces de “mantenerse vigentes y a la vanguardia como actores destacados de los procesos sociales, culturales y políticos”, y conviertan el desafío representado por la revolución tecnológica en una oportunidad para “ofrecer una mayor diversidad de contenidos […] y fomentar los valores sociales”. Para lograrlo, el presidente ha asegurado que la reforma “permitirá la creación de más televisoras” y que, a finales de 2015, el pasaje del sistema analógico al digital se habrá realizado en todo el territorio de la República, seis años antes de lo inicialmente planeado.

Gerardo Luis Esparza, secretario de Comunicación y Transporte de México, ha precisado que la reforma de las telecomunicaciones, una de las 11 impulsadas durante el mandato de Peña Nieto, “no solo es importante, sino quizás es la que más beneficios está aportando a los mexicanos de manera inmediata”. En particular, ha señalado que las carencias del modelo anterior --caracterizado por cobertura insuficiente, altos precios y escaso pluralismo--, impedían incentivar el desarrollo de la democracia y la inclusión social, además de distorsionar la competencia. Para cambiar el sistema, sin embargo, Esparza ha insistido en la necesidad de fortalecer la independencia editorial y la autonomía financiera de los medios públicos, para que puedan competir con los privados y garantizar una mejor calidad y variedad de contenidos.

Peña Nieto ha recordado el importante papel que desempeña el Sistema Público de Radiodifusión del Estado, un organismo sin fines de lucro encargado de garantizar que los medios fomenten la equidad e inclusión social. La entidad se apoya en un consejo ciudadano encargado de “velar por una política editorial imparcial con el objetivo de generar espacios independientes”, ha explicado el presidente, tras señalar que México ya cuenta “con medios públicos de gran calidad y reconocida responsabilidad social”.

Acerca de la financiación, Josep Tovares, vicepresidente de la Corporación para la Televisión Pública de Estados Unidos, ha precisado que el sistema de medios públicos debe funcionar sin fines de lucro "para educar e informar”, pero que el “apoyo federal no significa control”. Pero el mercado no puede ser fagocitado por actores privados y el Estado perder cualquier capacidad rectora, ha subrayado Esparza. “Por esto se ha elevado a rango constitucional el acceso a las telecomunicaciones, para ampliar el derecho a la libertad de expresión […] y establecer reglas claras de competencia”, ha destacado.