Suiza define en las urnas su nueva relación con Europa

A unos pasos del Ayuntamiento de Amriswil un cartel recuerda que mañana es día de votación. Las urnas se abrirán para que los vecinos de esta pequeña localidad (12.735 habitantes) del noreste de Suiza tomen dos decisiones: con una papeleta se pronunciarán sobre un crédito para sanear una calle, y con otra impulsarán un debate que trascenderá la frontera de su municipio. La Asamblea Federal que saldrá de las elecciones generales del domingo afronta el reto de responder al referéndum con el que los suizos apoyaron el año pasado poner freno a la inmigración. Una decisión que ha puesto al país ante una encrucijada: mantenerse abierto a Europa o encerrarse en sí mismo.

Los suizos aprobaron en febrero de 2014 por una ajustada mayoría del 50,3% una iniciativa contra la “inmigración masiva” lanzada por el partido de la derecha populista UDC-SVP con la oposición del resto de partidos y los empresarios. El resultado del referéndum, incompatible con el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea, en vigor desde 2002, trae de cabeza a políticos y empresarios, y el debate sigue vivo.

“Somos un país multicultural y hay sectores que necesitan mano de obra extranjera”, opina Sandra Reinhart, agricultora de 48 años, en su puesto del mercado ambulante cercano al Ayuntamiento de Amriswil, a una hora de Zurich, un típico pueblo de la campiña suiza. Michael Schwizer, aprendiz de mecánico de 22 años, le lleva la contraria: “El miedo a perder el trabajo es grande. No podemos dejar entrar a todo el mundo”.

La localidad tiene un gobierno encabezado por la UDC-SVP, y respaldó con un 61% la propuesta. El alcalde, Martin Salvisberg, entiende “los temores” de sus conciudadanos a perder su envidiable bienestar con la llegada de más extranjeros, que suponen el 23,5% de la población suiza (8,2 millones de habitantes); pero frente a la línea dura de su partido defiende que el país, de los más ricos, mantenga los acuerdos con la UE. Su pueblo, con un tercio de vecinos extranjeros, “está creciendo” y tal vez necesite mano de obra.

Resolver el rompecabezas que supone respetar la decisión popular y preservar al tiempo la libre circulación ocupa intensamente al Ejecutivo suizo, en conversaciones con la Comisión para intentar salir del atolladero. Bruselas se niega a una restricción al movimiento de los ciudadanos comunitarios, un acuerdo del que penden otras importantes medidas económicas. Dar salida al conflicto interesa a ambas partes. El 55% de las exportaciones suizas tienen como destino la UE. Y los productos comunitarios suponen el 73% de las importaciones suizas. Además, en Suiza viven 1,3 millones de comunitarios.

Romper esos lazos causaría “un gran impacto” en la economía suiza, por lo que el país tendrá que optar entre retraerse o profundizar en sus conexiones internacionales, resalta Jan Atteslander, responsable de economía exterior de la patronal Economiesuisse.

Los partidos suizos han dejado dormir el asunto en la campaña, pero no tardarán en abordarlo. Es la “cuestión más importante de la próxima legislatura”, destaca el politólogo Claude Longchamp.

En enero de 2016 entrará en la Asamblea Federal la reforma legal para su debate. La UDC-SVP exige contener la inmigración (80.000 personas anuales) para preservar “la patria intacta”. Pero pese a ser el partido más fuerte en la Cámara baja, con 54 de los 200 diputados, no podrá imponerse en solitario.

Enfrente tiene a los socialdemócratas del SP, los liberales, democristianos y Los Verdes, que rechazan enterrar los pactos con la UE. Pero también ellos deberán buscar un consenso para cumplir la voluntad popular. “El pueblo dijo sí a limitar la inmigración, pero también votó antes a favor de los acuerdos”, dice Martin Naef, candidato a diputado del SP de Zúrich. Cree que la cuestión europea volverá a votarse: “Suiza tendrá que decidir si quiere una relación constructiva con la UE o aislarse”.