Una ocupación de tierras calienta la campaña argentina
La oposición responsabiliza a Scioli; dos millones de argentinos corren riesgo de desahucio
Norma Carabajal, argentina de 48 años y madre de siete hijos, recuerda con pesadumbre el amanecer de 2009 en que su familia y otras 400 fueron desalojadas de las tierras que ocupaban en el barrio 25 de Mayo, municipio de Moreno, en los suburbios pobres de Buenos Aires. “Fue a las 6 de la mañana. Los hombres se habían ido a trabajar. Yo me levantaba para llevar a los chicos a la escuela. Vinieron los policías, con escudos, caballos, escopetas, rodearon los accesos al barrio y no dejaban que entrara nadie, ni los canales de televisión. Había seis policías por cada mujer. Empujaron a los adolescentes, quemaron las casillas. Un juez ordenó el desalojo porque había aparecido el dueño de las tierras”, relata Norma, que emigró hace 30 años a Buenos Aires desde la provincia norteña de Chaco, donde cada vez había menos trabajo en la cosecha del algodón. El ayuntamiento de Moreno, uno de los bastiones peronistas en el Gran Buenos Aires (periferia de la capital argentina), relocalizó a la familia de Norma y a otras 40 en un terreno lleno de mala hierba que ahora es un barrio llamado Los Hornos con 5.000 habitantes sin título de propidad.
La familia Carabajal es una de las 539.000 que en toda Argentina carecen de papeles que les den seguridad de la tenencia de la tierra que habitan, según la cifra revelada por el censo nacional de 2010. Es decir, una dos millones de personas.
La lucha por la tierra se ha metido en la campaña de las elecciones presidenciales del próximo día 22 después de que el pasado lunes unas 3.000 familias ocuparan unas 60 hectáreas en un municipio vecino de Moreno, el de Merlo, también peronista. Como en otras tomas anteriores se han mezclado ‘punteros’ (dirigentes políticos barriales), listillos que buscan hacer unos pesos vendiendo tierras ocupadas y muchos que malviven hacinados o pagando elevados alquileres en otros sitios.
Scioli dice que la ocupación puede esconder motivaciones políticas
La futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, del mismo partido que el líder de la oposición, Mauricio Macri, advirtió: "No es la primera toma que me toca enfrentar, pero hoy es responsabilidad del gobierno de la provincia”. Vidal es en la actualidad vicealcaldesa de la ciudad autónoma de Buenos Aires (distrito separado de la provincia hómonima). En 2014 la policía metropolitana y la del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desahuciaron a 700 familias de la Villa Papa Francisco. Vidal carga ahora contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial oficialista, Daniel Scioli. “Estamos en contra de las tomas ilegales, pero también hay que analizar profundamente si es una cuestión política o hay una necesidad habitacional”, dice Scioli, que envió a 600 policías mientras censa a los ‘okupas’ para que se retiren con la promesa de futuras viviendas.
Kirchner anunció en septiembre pasado, cuando faltaban solo tres meses para finalizar sus ochos años de gobierno, un proyecto de ley para que las familias que ocupan tierras accedan al título de propiedad gracias a un fondo que financiará la expropiación de solares que tienen dueños y los trámites de regularización. Pese a que los candidatos presidenciales casi no hablaron en la campaña de este problema en el octavo país más extenso del planeta, Ana Pastor, presidenta de la organización social Madre Tierra, espera que el Congreso apruebe en las próximas semanas y con alto consenso un proyecto “que beneficia a todos, incluidos los dueños de los títulos de propiedad”.
“Después de ser desalojado una vez, te queda el temor de que pueda pasar otra vez”, admite María Melgarejo, enfrente de su pequeña casilla de madera en Los Hornos. María, de 37 años y madre de cuatro hijos, es otra de las desahuciadas del barrio 25 de Mayo de Moreno en 2009. “En aquel tiempo vivimos un mes de angustia. Vivimos en carpas (tiendas) en una cancha de fútbol, en tierras de una iglesia. Cuando llegamos acá no había nada: ni escuela, ni colectivo (autobús), ni salita (de atención sanitaria) ni calles, ni luz ni agua”, recuerda esta mujer que de pequeña emigró a Buenos Aires desde otra provincia norteña, Misiones, por un empleo que había conseguido su padre. Por el trabajo y las protestas de los vecinos, ahora están trazadas las calles de tierra, hay electricidad, agua potable, transporte público y una escuela de educación inicial. La primaria y la secundaria más cercanas están a 2,5 kilómetros, tan lejos como una nueva unidad de pronta atención (UPA) sanitaria que acaba de inaugurar Scioli. Antes debían viajar mucho más hasta un hospital. Los varones que trabajan como albañiles y las mujeres como empleadas domésticas en la capital argentina tardan hasta cuatro horas para ir y otras tantas para volver.
“El nuevo proyecto de ley es curativo, pero no anticipatorio”, opina Pastor, de Madre Tierra, que aboga por planificar los servicios de los barrios populares antes de las familias tomen las tierras, de modo que sea el Estado el que asuma los costes. Por eso destaca la ley de hábitat bonaerense de 2013, que “se aprobó pese a Scioli”, y que grava los terrenos baldíos y establece que las nuevas urbanizaciones cerradas, a las que se mudan familias de clases pudientes por cuestiones de seguridad, deban destinar el 10% de sus tierras a viviendas sociales. Los llamados ‘countries’, con sus jardines y establecimientos deportivos, han ido avanzando sobre terrenos suburbanos que antes nadie quería y eran ocupados por los más pobres. Pocos municipios están aplicando esa norma del 10%, según Pastor. La lucha por la tierra continúa.
