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ANÁLISIS

Maternidad libremente elegida

El acceso a los métodos anticonceptivos es algo imposible para millones de mujeres

Sexo seguro. Es la recomendación de la mayoría de las autoridades sanitarias ante la expansión del virus del Zika y su posible vinculación al desarrollo de microcefalia en bebés nacidos de mujeres infectadas. Ese ha sido el consejo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las autoridades estadounidenses y europeas, así como de los Gobiernos de países como Ecuador, Colombia o El Salvador. Sin embargo, es una recomendación difícil de cumplir en América Latina —que concentra el brote—, donde el acceso a los anticonceptivos es limitado y desigual. Se calcula que en la región, donde muchas mujeres no tienen la opción de una maternidad libremente elegida, el 56% de los embarazos son no planificados.

La ONU estima que unos 220 millones de mujeres casadas o que conviven con su pareja carecen de acceso a métodos anticonceptivos modernos en los países en desarrollo. Más de 24 millones de ellas viven en América Latina. Allí, conseguir condones, la píldora o un DIU es prácticamente imposible para el 33% de esas mujeres  en Haití, el 17% de las guatemaltecas, el 15% de las argentinas o el 12% de las salvadoreñas. A las barreras financieras, religiosas, culturales y sociales se suma el gravísimo problema de violencia contra la mujer en el continente.

En estos países, además, las organizaciones contrarias a los derechos sexuales y reproductivos combaten con fuerza cualquier apertura a las opciones para que las mujeres puedan decidir sobre su maternidad. Un discurso que no se ha apagado durante la epidemia de zika y al que poco había contribuido la iglesia católica. En algunos países, como Puerto Rico, la jerarquía se ha pronunciado directamente contra la contracepción. Lo que pone más peso sobre los hombros de las mujeres. La planificación familiar salva vidas y disminuye la necesidad de recurrir al aborto, prohibido en cinco países americanos —República Dominicana, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam— y muy limitado casi todo el resto.

Porque, como alertan los expertos, tener leyes más restrictivas no frenan las interrupciones voluntarias del embarazo. Sólo las convierten en peligrosas y en un problema real de salud pública —los abortos inseguros representan un 13% de las muertes maternas—. Una mujer que necesite interrumpir su embarazo tratará de hacerlo, sin importar las restricciones y las consecuencias, como indica una investigación del Instituto Guttmacher y la OMS.

La ONU instó hace unas semanas a los países afectados por el zika a garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto. Pero pocos de ellos han puesto en marcha campañas y programas intensos para fomentar, por ejemplo, el control de natalidad. De hecho, no es la primera vez que los Gobiernos de la región desoyen recomendaciones similares. Como El Salvador, al que Naciones Unidas y otras instituciones internacionales le ha dado el toque de atención más de una vez por su prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo. En ese pequeño país centroamericano, una veintena de mujeres están privadas de libertad por complicaciones durante el embarazo que se consideraron abortos fallidos u homicidios agravados —por lo avanzado de la gestación—.

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