Selecciona Edición
Iniciar sesión

Suiza debate la expulsión automática de criminales extranjeros

Un referéndum impulsado por la derecha populista decidirá el domingo si se endurece la ley

Los suizos abren este domingo las urnas para pronunciarse en un referéndum sobre una iniciativa de la derecha populista que supone un endurecimiento drástico de la ley de extranjería. La UDC-SVP, que ha convertido las restricciones a la inmigración y el asilo en su principal campo de batalla política, pretende la expulsión de los extranjeros condenados por delitos graves una vez cumplida la pena, pero también la de aquellos que acumulen dos faltas menores, aunque hayan vivido toda la vida en Suiza. Reclama, además, que esa deportación sea automática, sin que medie una decisión judicial que pueda ponderar las circunstancias de cada caso. Bastaría con que un extranjero sea condenado por una lesión débil provocada en una pelea y tenga antecedentes por una multa de tráfico para que acabe con la maleta en la frontera.

En un país en el que la cuarta parte de la población es extranjera (de un total de 8,3 millones), la propuesta ha provocado un intenso debate. En su campaña por el sí en este referéndum, la UDC-SVP ha rescatado del baúl los carteles xenófobos que ya usó hace unos años y en los que una oveja blanca da una patada a otra negra y la lanza más allá de la frontera. La formación ha aprovechado también la crisis de los refugiados en la que está inmersa Europa para lanzar eslóganes como “más protección para nuestras mujeres e hijas”, en referencia indirecta a los sucesos de Colonia (Alemania).

El Parlamento suizo ya aprobó una reforma legal que está lista para ser aplicada e implica la expulsión de extranjeros delincuentes condenados por delitos graves como el homicidio o los abusos sexuales, pero permite a los jueces aplicar excepciones. La UDC-SVP, que fue la impulsora en otro referéndum de este cambio normativo, busca ahora ir más allá y ampliar la medida a casos por infracciones menores sin dejar margen a la justicia.

La radicalidad de la propuesta ha movilizado en su contra al resto del arco parlamentario suizo, a diversas patronales, fiscales, jueces y organizaciones de derechos humanos, y ha impulsado comisiones cívicas con el objetivo de frenarla en las urnas. Los medios se han llenado de ejemplos hipotéticos de casos de familias y vidas rotas por tropiezos menores con la justicia que desembocarían en la expulsión y prohibición de regresar al país entre 5 y 15 años. Algunos defensores del no han echado mano también de propaganda contundente, como un cartel ya retirado en el que la cruz blanca de la bandera suiza se transformó en una esvástica.

“La iniciativa discrimina en función del pasaporte y no de las circunstancias de las personas. Eso es una barbaridad”, denuncia uno de los comités ciudadanos que hace campaña por el no en el referéndum. El Gobierno federal también rechaza la proposición. La consejera federal de Justicia y Policía (equivalente a una ministra), la socialdemócrata Simonetta Sommaruga, ha llegado a calificarla de “inhumana”. El Ejecutivo considera que choca con la declaración europea de derechos humanos y complicaría aún más la difícil negociación abierta con Bruselas después de que los votantes decidieran en un referéndum en 2014 limitar la entrada de inmigrantes en contra de la libre circulación de personas compartida con la UE.

Ante las críticas, la UDC-SVP replica que “lo único que tienen que hacer los extranjeros es cumplir la ley o nacionalizarse”. Defiende que la medida redundaría en una Suiza más segura y actuaría como disuasión a cometer delitos. También destaca que siete de cada 10 reclusos en las cárceles del país son extranjeros, aunque buena parte de ellos no tienen residencia legal.

El progresivo endurecimiento de la legislación que afecta a los extranjeros se debe en buena medida a proyectos impulsados por este partido, que ganó las elecciones parlamentarias del pasado noviembre con un 30% de los votos tras una campaña marcada por el debate sobre el asilo de refugiados y la inmigración.

Según un cálculo de la Administración federal sobre cifras de 2014, la aplicación de las expulsiones automáticas como las plantea la UDC-SVP hubiera supuesto la salida del país de unos 1.200 extranjeros, frente a la media actual de unos 500, o los cerca de 3.900 que se hubieran visto afectados por la reforma ya aprobada en el Parlamento.

Las encuestas, tras una intensa campaña, revelan que el campo del no gana terreno, pero "el resultado será muy ajustado", augura el politólogo Pascal Sciarini. Según uno de los sondeos, de principios de mes, el 49% rechaza la iniciativa frente al 46% que apoya un sí, pero aún hay un 5% de indecisos que puede inclinar la balanza de un lado u otro.

Más información