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Los derrames de petróleo presionan al Estado peruano

El incremento de fugas ha obligado a la estatal PetroPerú y al Gobierno a coordinar ayudas a la población. El presidente de la petrolera ha renunciado este jueves

Reciente derrame en Barranca, en la selva norte.
Reciente derrame en Barranca, en la selva norte.

Entre 2014 y el 21 de junio de 2016 se han producido 17 derrames de crudo en el Oleoducto Norperuano —a lo largo de 854 kilómetros, entre la selva y la costa—. El incremento de fugas y daños a las personas y recursos naturales ha obligado a la firma estatal PetroPerú, que opera la infraestructura, así como a ministerios y entidades públicas a coordinar ayudas en salud y alimentación, además de medir y recuperar los recursos naturales y el agua contaminados. La petrolera está acusada de no mantener un buen mantenimiento de las instalaciones. 

Este jueves, luego del tercer derrame en lo que va de este año, ha renunciado el presidente de PetroPerú, Germán Velázquez, según informó la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. Esta última fuga en el viejo oleoducto de PetroPerú fue detectada en la remota región amazónica de Loreto, donde fueron vertidos alrededor de 600 barriles de crudo, según el regulador ambiental OEFA.

En el pasado la información no llegaba oportunamente a la capital y “lo que pasaba en la selva, se quedaba en la selva”, explica Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Medios Indígenas. La funcionaria explica que hoy los medios de comunicación presionan a las entidades para que respondan por los problemas que provoca una infraestructura de 42 años de antigüedad, carente de mantenimiento y poco vigilada.

El derrame más reciente, de 600 barriles en la localidad de Barranca (Datem del Marañón, región de Loreto, selva norte), llegó tras varias alertas. Desde febrero, el ente regulador prohibió a PetroPerú bombear crudo hasta que no mejorara el mantenimiento y arreglara la corrosión del tubo. Un par de ciudadanos se percataron de la presencia de crudo el 24 de junio, día de la fiesta de San Juan, una de las más arraigadas en la Amazonía. La primera reacción de la empresa fue la negación. “Es importante señalar que PetroPerú no está realizando operaciones de bombeo de crudo, que se encuentran suspendidas desde hace más de 120 días”, afirmó en un comunicado el pasado sábado.

La fuga ocurrió el 21 de junio, según un documento que presentó este miércoles el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. El documento mostraba una descompensación entre la cantidad de petróleo que salió de una estación de la empresa y la que llegó a otra. “El ducto en ese tramo está enterrado a dos metros, sin presión del bombeo no era posible el afloramiento a la superficie. Este derrame se debe a un bombeo no autorizado y hay una reincidencia”, añadió el ministro.

Pulgar Vidal indicó que, desde hace algunos años, la petrolera estatal no usa el ducto en toda su capacidad y, en estas circunstancias, la entrada de oxígeno es otro factor de corrosión. Luego anunció que el procurador del Ministerio de Ambiente denunciará penalmente el hecho ante el Ministerio Público para que determine los responsables, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) decidirá la sanción.

PetroPerú fue sancionada en enero de este año por el Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por no haber adecuado sus instalaciones para mejorar la integridad del ducto, una medida derivada de los daños que causó, en junio de 2014, el derrame de 2.358 barriles de petróleo en la comunidad de Cuninico (Loreto).

Trabajadores hacen labores de limpieza en la zona del derrame.
Trabajadores hacen labores de limpieza en la zona del derrame. EFE

Contingencia estatal

Los casos de los recientes derrames fueron llevados el 9 de junio a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Santiago de Chile, donde una de las peticionarias, una madre de familia residente en Cuninico, mostró en una botella de plástico el agua negra que sigue circulando en su comunidad pese a que han pasado dos años de la tragedia.

El martes pasado, 20 funcionarios públicos se reunieron en la Defensoría del Pueblo para analizar el derrame de junio de 2014 y los cuatro de este año, que afectan a miles de habitantes de la Amazonía, sus fuentes de agua y tierras. Una conclusión, indicó Abanto, fue que los planes de contingencia de la estatal deben tener mayor desarrollo en la parte social, y no solo en la limpieza del área contaminada.

“Si un alcalde no tiene buenos padrones de habitantes, si no colabora, las donaciones de alimentos y agua que envía el Instituto de Defensa Civil no son distribuidos: eso ocurrió en Morona. Tampoco hay un procedimiento establecido para permitir el ingreso a la zona de derrame a las autoridades indígenas. Y no hay medidas de reparación para la propiedad colectiva afectada o las mujeres que se recargan de tareas cuando los hombres dejan la comunidad para ir a trabajar en la limpieza del petróleo dados los jornales que ofrecen”, explica la adjunta de la Defensoría.

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