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¿Demasiado pronto para juzgar al dictador?

Las víctimas del gambiano Jammeh quieren justicia tras 22 años de represión y tortura, pero ni el Gobierno ni organismos regionales quieren agitar aún ese lodo

El expresidente de Gambia, Yahya Jammeh, tras votar en las últimas elecciones.
El expresidente de Gambia, Yahya Jammeh, tras votar en las últimas elecciones. AP

Las víctimas de torturas y familiares de muertos y desaparecidos durante la dictadura de Yahya Jammeh en Gambia han iniciado el camino para llevarle ante la justicia, un proceso de final incierto que se enfrenta a numerosos obstáculos y que, en el mejor de los casos, podría tardar años. El primer paso tuvo lugar el pasado sábado 22 de abril cuando una quincena de afectados por la dictadura gambiana se reunió en Banjul con las víctimas del dictador chadiano Hissène Habré, cuya exitosa lucha para lograr una condena a perpetuidad en Dakar (Senegal) un cuarto de siglo después del fin de su dictadura es un estímulo y un ejemplo a seguir.

El encuentro fue muy emotivo, incluso entusiástico. “Hay que seguir trabajando para mostrar a todos los dictadores que un día pueden ser atrapados, que nadie puede actuar con impunidad”, aseguraba Clement Abeifouta, presidente de las víctimas chadianas, “los compañeros gambianos nos solicitaron que les contáramos nuestra experiencia. Y nosotros estamos dispuestos a acompañarles en el camino”, añadió. Además de los damnificados de ambos países, el encuentro de Banjul contó con la presencia de representantes de ONG y abogados, entre ellos el estadounidense Reed Brody, apodado el cazador de dictadores por su participación clave, entre otros, en los procesos contra Pinochet y contra el propio Habré.

Las víctimas ya han comenzado a recabar toda la información de cada caso, pero el primer escollo con el que se van a encontrar es que, de momento, el presidente gambiano Adama Barrow no quiere oír ni hablar de una posible petición de extradición. La prioridad en esta materia es la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación en la que, por otra parte, va a aflorar buena parte de la represión de los 22 años de dictadura. “Primero la comisión, luego ya veremos”, dijo Barrow en recientes declaraciones a los medios. Ya existe una lista en la que hay 33 personas asesinadas extrajudicialmente a manos de las fuerzas del orden o los paramilitares, pero otros recuentos apuntan a más de 70.

No es sólo el Gobierno quien piensa que es pronto para montar un juicio contra Jammeh. Tampoco los organismos regionales, entre ellos la Cedeao (Comunidad Económica de Estados del África Occidental), quieren agitar esos lodos, conscientes de que aún hay muchos partidarios de Jammeh y la herida es reciente. “No pasa nada, lo correcto es esperar. Ahora mismo no se dan las condiciones políticas e institucionales para que pueda haber un juicio justo, que por otra parte sería muy desestabilizador. Ni las instituciones son lo suficientemente sólidas ni todavía se han reunido las pruebas necesarias. La historia nos enseña que cuanto más tiempo pase menos peso tiene el antiguo régimen y menos posibilidades de que haya reacciones negativas”, asegura el letrado Reed Brody, que ha manifestado su intención de apoyar el combate de las víctimas gambianas.

Mientras tanto, a 3.200 kilómetros de Gambia, en un pequeño país africano llamado Guinea Ecuatorial, el propio Yahya Jammeh disfruta de una plácida vida de granjero, según las fotos que él mismo ha filtrado. Según activistas y opositores de este país, el ex dictador gambiano reside con su familia en un palacio de Mongomo, el pueblo natal del presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang, que gobierna con puño de hierro desde hace casi 38 años. Y este es el segundo gran escollo al que se enfrenta un hipotético procesamiento de Jammeh: Guinea Ecuatorial no es firmante del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, podría negarse a acatar una orden de extradición. La elección de este país de exilio fue todo menos casual.

Por ello, está previsto que la futura coalición encargada de promover un juicio contra Jammeh incluya también a activistas ecuatoguineanos, sobre todo en la diáspora. “Hay que crear las condiciones para que el costo internacional para Obiang de tener allí a Jammeh sea demasiado alto y deje de protegerle”, explica Brody. Asimismo se espera contar con el apoyo de Trial International, una ONG suiza que ya provocó la detención de Ousmane Sonko, exministro de Jammeh, cuando huía del país en enero pasado. Ahora hay que buscar financiación.

Entre los asistentes al encuentro del pasado 22 de abril destacaba la presencia de Fátima Sandeng, hija del opositor Solo Sandeng cuyo asesinato en 2016 prendió la chispa del cambio político que vino después, Baba Haidara, hijo del periodista Dayda Haidara ejecutado en 2004, las madres de cinco estudiantes asesinados en el año 2000 durante unas protestas callejeras o la de Fatoumata Diawara, opositora detenida hace un año y violada en repetidas ocasiones en la cárcel, que hoy es diputada en la Asamblea Nacional.

La represión del régimen gambiano fue mucho más selectiva que la de Hissène Habré, pero los abogados consideran que puede haber elementos para acusarle, al menos, de crímenes de tortura, desapariciones forzosas y asesinatos. Asimismo, se pretende investigar si utilizó a los rebeldes de la región senegalesa de Casamance para explotar la madera del país vecino, lo que podría constituir también un crimen de guerra, así como el supuesto robo de unos 10 millones de euros de las arcas públicas antes de partir al exilio.