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Argentina triplica sus presos pero la sociedad pide más mano dura

El país sudamericano contradice la tendencia mundial a la baja y se desboca en 20 años mientras se debate un endurecimiento de penas

Marcha en la Plaza de Mayo para exigir el esclarecimiento del crimen de Micaela García, el día 11 de abril.
Marcha en la Plaza de Mayo para exigir el esclarecimiento del crimen de Micaela García, el día 11 de abril. AFP

Argentina tiene cada vez más presos, pero no parecen suficientes. Cada crimen es respondido desde los medios de comunicación con exigencias de mano dura, mientras crece entre la gente la idea de que “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”. Sin embargo, las últimas estadísticas contradicen esta sensación. A finales de 2015, las personas retenidas en cárceles federales y provinciales sumaban 72.693, casi un 190% más que en 1996, cuando eran 25.163. En este tiempo la población total argentina creció un 22%. En 2016 y 2017 el número volvió a crecer, según las cifras presentadas la semana pasada por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Las cárceles no dan abasto, con casos dramáticos como la provincia de Buenos Aires, donde 33.000 detenidos viven en el espacio destinado a 26.000. El gobierno de Mauricio Macri anunció esta semana un plan para sumar 726 camas. Con una tasa de 168 presos cada 10.000 habitantes, Argentina ocupa el séptimo lugar en el ranking de países del G20, en un podio que lideran Estados Unidos, China y Brasil. Pero a diferencia de la tendencia mundial, que reduce la tasa año a año, el país sudamericano la sigue aumentando. En ese marco, el Congreso discute una ley que limitará las salidas transitorias y la libertad anticipada en una larga lista de delitos.

Para los críticos del proyecto, el debate debe tener en cuenta que si la idea es tener más tiempo a los condenados en las cárceles habrá que sumar plazas, hoy insuficientes para satisfacer la demanda. “Ya hay un cuello de botella, el sistema federal está al borde del colapso, igual en las provincias”, dice Carlos Motto, integrante del departamento de investigaciones de la Procuración Penitenciaria. El problema, sostiene, es que ya hay un aumento del número de detenidos, un fenómeno que se aceleró a partir de 2008. “Hay una política de retener y no dar salidas transitorias y libertad condicional a los presos. La cárcel retiene más y también registramos un aumento de las capturas, porque aumenta la policía en la calle”, dice Motto. “Otro punto es que la característica de la gente que queda presa más tiempo es la que tiene menos capacidad de defenderse, que son los más pobres. Lo que quisimos destacar en el informe es que el aumento de la población carcelaria no es un fenómeno mundial. Argentina creció 24% desde 2008, pero México cayó (-6%), en sintonía con lo que pasa en Estados Unidos (-14%) o Rusia (-28%)”, explica.

“Acá el problema no es la tasa de detenidos sino la tasa de impunidad, cuántos delitos se cometen y cuántos terminan condenados, esa es la cuenta que debemos hacer”, dice el diputado oficialista Luis Petri, redactor del proyecto de ley de endurecimiento del régimen de permisos, que ya pasó por el Senado y espera su aprobación definitiva en Diputados. Petri rechaza, además, que con menos beneficios aumentará la cantidad de presos. ”La ley no alcanza a los presos actuales porque no es retroactiva. Por eso pasarán al menos siete años para que se den los primeros casos de pedidos de salidas transitorias o libertad anticipada”, asegura Petri.

El 1 de abril pasado, la policía encontró el cuerpo de Micaela García, de 21 años, violada y asesinada por un hombre condenado por una doble violación pero libre por buen comportamiento. El impacto público del caso, el último de una larga lista de feminicidios que sacude a la opinión pública argentina, reactivó en el Congreso una profunda reforma de la ley de Ejecución Penal, que lleva el número 24.660, el marco que regula el régimen de reinserción social de los detenidos. La norma deja fuera de los beneficios de la buena conducta a delitos que van desde el homicidio simple al tráfico de drogas a pequeña escala. “Creemos que en delitos graves como violaciones, trata de personas, torturas o secuestros debemos procurar el cumplimiento íntegro de la condena dentro del establecimiento. Ahora pueden pedir salidas transitorias a partir de la mitad de la condena y muchas veces los presos las usan para fugarse”, asegura Petri.

Se trata, en la práctica, de endurecer las penas, una reacción común en Argentina ante casos especialmente aberrantes. Ya sucedió con la llamada “ley Blumberg”, que en 2004 subió las condenas contra delitos con armas tras el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg. Indignados, más de 150.000 personas marcharon entonces ante el Congreso para pedir una reforma del código penal. En 2012, la violación seguida de muerte de Tatiana Kolodziej promovió una reforma de la ley 24.660, similar a la que ahora se discute en el Congreso. Desde la Procuración Penitenciaria, que depende del gobierno nacional pero es un ente autártico, advierten que endurecer las penas no es la solución si eso sólo responde a satisfacer demandas públicas y mediáticas. “El endurecimiento de la legislación penal y el incremento de la población reclusa no conducen a mayor seguridad”, dice un comunicado oficial del ente, titulado Regresividad e ineficacia. Sobre el proyecto de ley en particular, opinaron que vulnera la reinserción gradual del condenado a la sociedad, quienes “tras un largo período de encierro carcelario serán puestos en libertad en forma abrupta, sin el acompañamiento y supervisión del Patronato de Liberados”.

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