Transparencia Internacional denuncia la falta de control y la corrupción en la lucha contra el cambio climático

Poner freno al cambio climático requiere de responsabilidad política y empresarial. Y de mucho dinero. Hasta 100.000 millones de dólares anuales en 2012 a nivel mundial, y 700.000 millones en 2020, según Transparencia Internacional. "Tal cantidad de dinero invertido obliga a prevenir y corregir la posible corrupción" que pudiera surgir a la hora de administrarlo, tanto más cuando los principales focos de acción están ubicados en países poco transparentes, según ha explicado esta tarde en Madrid el presidente del organismo y catedrático universitario Jesús Lizcano.

Transparencia Internacional ha elaborado (y presentado hoy) sobre este asunto un informe de más de 400 páginas a partir de las conclusiones de medio centenar de expertos de 20 países sobre "los riesgos de corrupción relacionados con cuestiones climáticas".

Según se desprende de este trabajo, la "gobernabilidad climática" (la forma de abordar las causas y efectos de este problema medioambiental a nivel internacional, estatal y empresarial) es "diversa y fragmentada, y no existe conexión -y por tanto, rendición de cuentas- ante los sectores más afectados".

El informe analiza y propone medidas en varias áreas: explotación forestal, energías alternativas, emisiones contaminantes, infraestructuras contra los desastres climáticos, explotación de recursos naturales, etc.

En opinión de Antonio Garrigues Walker, patrono de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, "la corrupción se está generalizando en todos los sectores de la vida". "Quién tenga la sensación de que la situación está mejorando, se equivoca: está aumentando. España está perdiendo esta batalla".

"La sociedad civil debe empezar a reaccionar de una manera decisiva. No se debe aceptar la corrupción con resignación y tolerancia, porque, como sucede con los casos a nivel municipal, es atacable. Aunque no se pueda erradicar completamente porque forma parte de la naturaleza humana, se debe combatir. Y la transparencia es clave: los ciudadanos tienen derecho a saber en todos los terrenos y todas las formas", concluía Garrigues Walker durante la presentación del informe.

Fraude en la energía solar en España

El trabajo de Transparencia Internacional desgrana los riesgos de corrupción derivados de la falta de control administrativo al ingente esfuerzo (e inversión) en la lucha contra el cambio climático. Entre ellos, destaca los conflictos de interés, y apunta un estudio realizado por el organismo en España, donde "los incentivos financieros para los recursos renovables han generado incentivos de fraude ante la ausencia de mecanismos de control sólidos".

El periodista de EL PAÍS Tono Calleja, miembro de la organización, denuncia en el informe que el subsidio a la energía solar puesto en marcha por el Gobierno del PSOE en 2007 "fue el más generoso a nivel mundial y, al estar sujeto a pocas condiciones, atrajo a desarrolladores de todo el mundo". "La ausencia de un mecanismo de control riguroso resultó un incentivo para el fraude", explica.

A finales de ese año, ya se había cumplido el objetivo del Ejecutivo (400 megavatios) para 2010. Para enfriar este "crecimiento inesperado", se redujeron los incentivos y se limitó el desarrollo de nuevos proyectos. Los desarrolladores "se apresuraron" entonces a concluir sus proyectos antes del cambio normativo, "poniendo a prueba la capacidad" del organismo de regulación para controlar todos los proyectos.

Afloraron entonces casos de fraude: desarrolladores que daban por terminados proyectos antes de tiempo, llegando a instalar incluso paneles solares falsos. Calleja señala que una investigacion de la Comision Nacional de Energía en 2008 descubrió que el 13% de los parques de energía solar (más de 4.000) estaban registrados como operativos sin estar conectados a la red.

Equipara además Calleja la corrupción en este sector con la sufrida por el mercado inmobiliario, y cita un caso concreto: "13 empleados públicos de Castilla y León fueron acusados en 2009 de otorgar licencias para el establecimiento de plantas de energía fotovoltaica a empresas que pertenecían a sus familiares".

Aunque estos "problemas no son exclusivos del sector de la energia solar", la organización destaca cómo será imposible impulsar las iniciativas renovables "sin protecciones sólidas y significativas" a nivel administrativo. Y apunta que, el fraude "generalizado y persistente" causa un "daño aún más pernicioso" al "amenazar la fragil confianza que el publico tenga en la viabilidad a largo plazo de la energia alternativa".