Brasil sigue en directo el mayor juicio contra la corrupción política

Agosto de 2012 será recordado en Brasil como el del proceso contra la corrupción más largo, con más reos y con mayor dimensión política de su historia democrática, un proceso transmitido en su totalidad por televisión, que ha competido en audiencia con los Juegos Olímpicos, y cuya sentencia se espera antes de final de mes. La acusación en el caso mensalão, leída durante cinco horas por el procurador general de la república, Roberto Gurgel, fue implacable contra los 36 acusados, entre los que se encuentran los líderes del Partido de los Trabajadores (PT) que en 2003 llevaron a Luiz Inácio Lula da Silva al poder, dirigentes de otros partidos aliados del Gobierno de Lula, empresarios, banqueros...

Para todos, acusados de haber creado una “cuadrilla criminal” para sobornar con dinero público a partidos y políticos a cambio de apoyo al primer Gobierno de izquierdas del país, Gurgel no se quedó corto y pidió condenas de cárcel para los 36 imputados. El procurador calificó el expediente judicial como “el más atrevido y escandaloso caso de corrupción y desvío de dinero público realizado en Brasil”.

El Tribunal Supremo, sin embargo, no lo tiene fácil. Justo después de la petición de penas del procurador (fiscal) general, entró en juego la defensa, que movilizó a la flor y nata de abogados y criminalistas del país, comenzando por el exministro de Justicia del primer Gobierno de Lula, Thomas Bastos, considerado el dios de la abogacía brasileña.

La hora que cada abogado empleó para defender a su cliente fue un verdadero bombardeo contra las acusaciones del procurador. Algunos analistas llegaron a comentar que los abogados habían sido capaces de transformar en héroes a los acusados, llegando a compararlos con las víctimas del nazismo o de la dictadura militar.

Negaron los letrados todas las acusaciones y consideraron inocentes a los 36 imputados. Lo máximo que algún abogado llegó a aceptar fue que el PT usó la llamada “Caja dos”, es decir, la financiación ilegal del partido y de algunos grupos aliados, algo que no constituye crimen penal ya que no se trató, según los defensores, de dinero público. Alguno de los abogados llegó a comparar, con poca elegancia, la acusación leída por el procurador general con una “telenovela de la \[cadena\] Globo”.

La semana próxima acabarán los alegatos de los defensores y comenzarán a presentar sus votos los 11 magistrados del Tribunal Supremo. Brasil está pendiente de la sentencia.

La defensa quizás más incisiva y que podría influir seriamente en la decisión de los jueces fue la realizada por José Luis Oliveira Lima, abogado de José Dirceu, exguerrillero, exministro de la Casa Civil del primer Gobierno de Lula, expresidente varias veces del PT, y quien es considerado la clave del proceso.

Se trataba de la defensa más importante, ya que el procurador Gurgel había montado toda su acusación sobre la supuesta trama criminal creada por Dirceu. Aceptada la tesis de dicha trama, el juicio se centra ineluctablemente en el PT, fundado por Lula y Dirceu, y adquiere tintes netamente políticos.

Convencido de la importancia que para todo el proceso tenía la defensa de Dirceu, el letrado Oliveira Lima desmenuzó los autos para demostrar que todo el andamiaje era falso, ya que Dirceu, una vez dejada la presidencia del partido y entrado en el Gobierno, ya no había ejercido influencia decisiva sobre su partido y solo un superhombre podría haber realizado todo aquello de lo que se le acusa.

Tras afirmar que no existía en los autos “una sola prueba” de la supuesta creación de una “cuadrilla criminal” por parte de Dirceu, llegó a acusar al procurador de haber “despreciado todas las pruebas del proceso”, y sentenció: “Condenar a Dirceu es atacar a la Constitución”.

Según Oliveira, “no existe ninguna prueba, ningún documento, ninguna circunstancia que incrimine a José Dirceu”, y llevó ante el tribunal los testimonios incluso de Lula y de la presidenta Dilma Rousseff, que, escuchados en el proceso, “no confirmaron las acusaciones de los otros testigos”, dijo el abogado.

Dirceu, según la acusación, sería el principal responsable de toda la trama de corrupción política. Según otros, sería más bien el chivo expiatorio que podría cargar con las culpas de otros.

Una absolución del que fuera el mayor responsable de la llegada de Lula al poder —el hombre “que colocó la corbata a Lula”, es decir, que convenció al mundo empresarial y de la banca de su fiabilidad— echaría por tierra el meollo de la acusación. Al revés, su condena arrastraría también a los otros 35 acusados como socios de la asociación criminal.

La defensa de Dirceu ha insistido en la inocencia del acusado, centrando su tesis en el hecho de que no existe contra él prueba alguna escrita que demuestre su participación activa en la trama. Convencido de esa verdad, el mismo procurador general se centró en el hecho de que en el crimen de la “formación de la cuadrilla” el jefe “nunca deja huellas”. Por ello la acusación se centró en los testimonios de terceros. ¿Les bastarán a los jueces?

Ahora todo está en manos de los 11 magistrados que dictarán sentencia. Hay quien ha exagerado al afirmar que de la sentencia podría depender el que en Brasil se ponga punto final a la corrupción política. Otros dicen, aunque no sea así, que sería una sentencia “a favor o en contra del proyecto político de Lula”. Aunque una condena podría rozar al carismático expresidente, el Supremo insiste en que se trata de “un proceso más” y que lo que contará a la hora de sentenciar serán “las pruebas y solo las pruebas”.

Antes de que acabe agosto, Brasil sabrá el final de un culebrón que se arrastra desde hace siete años y que, como afirma Dirceu —y en esto nadie le puede negar la razón—, se ha tratado de “una espera casi inhumana”. Por ello, siempre insistió, desde el primer momento, en que deseaba ser juzgado “cuanto antes”.

Lo ha conseguido, como los otros 35 acusados, solo ahora, porque ya es sabido que las cosas de palacio van despacio. Y más en los juzgados brasileños, empezando por el Supremo.