Orbán dice que defenderá a Polonia contra la “inquisición” de Bruselas
Decenas de miles de ciudadanos salen a la calle para evitar la reforma de justicia, con la que el Gobierno ultraconservador pretende poner bajo su control el Tribunal Supremo
Cuando las críticas, dentro y fuera del país, no hacen si no arreciar el Gobierno de Polonia se aferra a sus planes para politizar la justicia. En la noche del viernes al sábado, tras una larguísima jornada, el Senado polaco aprobó la última de las leyes con las que el Ejecutivo ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que gobierna con mayoría absoluta desde diciembre de 2015, quiere reformar el Tribunal Supremo. La del viernes, que supone la destitución de los jueces ahora en el cargo y el cambio de sistema para que sea el Gobierno quien nombre a sus sustitutos, se une a otras tres normas para tener más control sobre esta institución, clave en Polonia y que, entre otras cosas, supervisa el trabajo de otros tribunales y confirma la validez de las elecciones presidenciales y legislativas.
Y mientras las voces críticas con la controvertida reforma aumentan sin parar, la única que ha hablado en favor del Gobierno polaco se ha ratificado en su defensa. Este sábado, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha asegurado que defenderá a Polonia de la "inquisición" de Bruselas. "En el interés de Europa y en el espíritu de la antigua amistad húngara-polaca, la campaña de inquisición contra Polonia nunca puede conducir al éxito", dijo Orbán durante una visita a Rumanía. "Hungría utilizará todos los medios legales posibles en la Unión Europea para mostrar solidaridad con los polacos", ha dicho, informa AFP.
Orbán, también ultraconservador, nacionalista, populista y xenófobo se ha unido a Polonia y contra la UE también en el rechazo a la política migratoria común. Y ambos países, aunque están alejados en su postura sobre Rusia, enemigo para Polonia y al que Hungría ve como un aliado, han afianzado su alianza contra el eje franco alemán, a la que han sumado al resto de países del este de Europa.
Este sábado, el ministro de Exteriores polaco ha negado que su Gobierno tenga intención de poner bajo su ala el sistema judicial, y ha afirmado que está "sorprendido" por las críticas a una reforma que sigue "el espíritu de los sistemas judiciales de los países europeos". Hasta ahora, Ejecutivo del PiS se había mantenido prácticamente en silencio ante las voces de alarma de instituciones como la Comisión Europea, que ha amenazado a Polonia con retirarle sus derechos de voto en al UE si no da marcha atrás en las medidas que socavan la independencia de la justicia.
Sin embargo, el viernes el departamento de Estado de Estados Unidos se unió a las voces que manifestaron su preocupación por la deriva autoritaria que va viento en popa en Polonia, donde el Gobierno de Beata Szydlo —dirigido políticamente en la sombra por el ex primer ministro y líder del partido Jaroslaw Kaczynski— ya ha reformado otras leyes para controlar, por ejemplo, el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación públicos. Pero esta vez, las críticas llegaban no de la oposición o desde las Instituciones comunitarias, con las que Polonia mantiene cada vez peores relaciones, sino desde Estados Unidos, país que consideran amigo, aliado y modelo, como se vio hace unas semanas con la visita a Varsovia de Donald Trump. "El proceso legislativo de las reformas todavía está en marcha. Cualquier pronunciamiento es prematuro", ha dicho el ministro de Justicia.
No parecen opinar lo mismo las decenas de miles de polacos que, desde hace días, salen a la calle para protestar por las reformas. El viernes, las calles de Varsovia, Cracovia o Wroclaw volvieron a llenarse de ciudadanos que, portando velas azules, simulan crear una cadena de luz para defender la democracia. Este sábado también hay convocada una manifestación, que se prevé multitudinaria tras la aprobación de la última de las leyes en el Senado. Ahora solo quede que el presidente del país, Andrej Duda, sancione las tres leyes que tiene ya sobre su mesa. Decenas de miles de ciudadanos, las asociaciones judiciales —y no solo las polacas— y entidades de derechos civiles le han pedido que ejerza su derecho a veto y no lo haga. Pero Duda, que fue parlamentario del PiS antes de ser presidente, no se ha pronunciado; de hecho, ha seguido el camino marcado por el partido y el Gobierno en las otras ocasiones.
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