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El gobernador de Pando continuará en la cárcel de La Paz

El Gobierno de Bolivia, reunido estos días con los prefectos opositores a Morales, rechaza una resolución para trasladar al detenido a otra región

El gobernador de la región boliviana de Pando, Leopoldo Fernández, continuará confinado en cárcel de San Pedro, en el centro de La Paz. Así lo ha decidido el Gobierno de Bolivia, que ha rechazado este viernes una resolución de la Corte Suprema de Justicia en la que se exigía el traslado a Sucre del prefecto.

"Vamos a ser firmes en el cumplimiento de la medida de confinamiento", ha dicho el viceministro de Justicia de Bolivia, Wilfredo Chávez, durante una rueda de prensa, quien ha añadido que acatar el razonamiento de dicha resolución implicaría que "por todo el código penal son impunes los prefectos u otras autoridades que gozan de juicio de responsabilidades".

La prisión preventiva del prefecto de Pando se resolvió el pasado jueves en una audiencia para tomar medidas cautelares contra Fernández. El juez consideró que existía riesgo de fuga por parte del gobernador y de que este pueda obstaculizar la investigación a la que está siendo sometido.

La Fiscalía General ha abierto contra Fernández un proceso por genocidio en el que se enfrentará a una posible pena de 30 años de cárcel por violar el estado de sitio que decretó en su región el Ejecutivo de Evo Morales, después de los violentos disturbios en los que, según el Gobierno, murieron al menos 17 personas y hay más de 100 desaparecidos.

La oposición autonomista se reúne con Morales

A excepción de Fernández, el resto de prefectos de las regiones autonomistas se encuentra estos días sumido en negociaciones con el Gobierno de Evo Morales para intentar acabar con la crisis política en la que se encuentra inmerso el país andino.

En la reunión celebrada la tarde del jueves en Cochabamba (madrugada del jueves al viernes en España) Evo Morales presentó dos nuevos documentos para profundizar en la descentralización del país y hacer viable la convocatoria para los dos referendos que deben validar el proyecto de nueva Constitución del presidente boliviano y que implicará una "mejora" en el capítulo referido a las autonomías.

La cita de Cochabamba es la tercera de este año en que Morales y sus opositores se sientan a tratar de concertar, si bien ahora es bajo el respaldo de la última cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se reunió esta semana en Santiago de Chile para analizar la crisis boliviana. Además de Unasur, el diálogo tiene como observadores o garantes a delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas, Unión Europea, varios países amigos de la región y de las Iglesias Católica, Evangélica y Metodista.