El poder del crimen anula a la sociedad civil en Tamaulipas

El cierre de una web que alertaba de zonas de peligro continúa la erosión social del Estado más opaco de México

Un soldado en un retén en San Fernando, en Tamaulipas. / tomas bravo (reuters)

“Hoy por la mañana apareció una camioneta con varios ejecutados por el chaparral. Estaba balaceada la camioneta. Y los soldados llegaron por ella a las meritas 12 de la tarde." Este mensaje fue publicado este martes a las 19.11 en la página de Facebook de Valor por Tamaulipas. Es una web dirigida por un internauta anónimo en la que se avisa de qué zonas es preferible evitar y de qué sucesos ocurren a lo largo del día en Tamaulipas. Tanto ha arraigado la violencia en este Estado del noreste de México que para los tamaulipecos el concepto de información de servicio incluye saber en qué erial han aparecido cadáveres metidos en bolsas o en qué calle han sonado disparos de kalashnikov. Pero dentro de unos días ya no podrán consultar esta información en Valor por Tamaulipas. Su autor ha anunciado que la cerrará la semana que viene porque el crimen organizado le ha puesto precio a su cabeza: 600.000 pesos. 46.000 dólares. La erosión de la sociedad civil de este Estado continúa hasta en el ciberespacio.

Tamaulipas es un territorio casi vedado para las iniciativas no gubernamentales en favor de los derechos humanos. En una entrevista concedida hace una semana a EL PAÍS por el jefe de la oficina regional contra el delito de Naciones Unidas, su encargado, Antonio Luigi Mazzitelli, reconoció que ellos no trabajan en este estado porque no pueden garantizar la seguridad de sus operadores. Hace un año, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia tanteó en su nombre al Gobierno tamaulipeco para saber si era factible hacer allí un taller sobre las condiciones de seguridad de los periodistas. La respuesta fue negativa. “Nos dijeron que mejor ni fuéramos”, dice el presidente de esta organización asesora, Raúl Benítez Manaut. Este experto en seguridad afirma que la virulencia de las mafias en esta zona y su control del territorio impiden el desarrollo de la sociedad civil. “Nadie organiza nada en Tamaulipas. La cohesión social y política está muy deteriorada, y su soberanía territorial está muy mermada”. Mientras tanto el Gobierno federal se limita a reconocer de una manera genérica su preocupación por Tamaulipas. Este miércoles el secretario de Gobernación (ministro del Interior mexicano), Miguel Ángel Osorio Chong, dio una rueda de prensa sobre la evolución de la violencia en México y se le preguntó cómo valoraba el hecho de que una organismo del peso de Naciones Unidas no se atreviese a poner un pie en Tamaulipas. Osorio Chong solo dijo que es un Estado con “complicaciones” y que era uno de los objetivos del plan de seguridad del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.

La realidad concreta para la sociedad civil es asfixiante. Desde la oficina mexicana de Amnistía Internacional explican que ellos no hacen nada en Tamaulipas porque no han tenido ocasión de encontrar a ningún grupo de ciudadanos que pueda servirles de enlace local para sus actividades. La sección de Human Rights Watch en México lamenta que se trata de uno de los estados con más necesidad de activistas y sin embargo carece de ellos por el riesgo que supone defender los derechos humanos donde el poder del crimen parece ubicuo. “No solo por la falta de apoyo de las autoridades estatales y por la violencia de la delincuencia organizada, sino también por el siniestro nexo entre ambos”, dice Nik Steinberg, investigador de esta organización. Las ONG locales en Tamaulipas son una especie civil amenazada.

La más consolidada del Estado cerró en 2011 después de 12 años de actividad. Se llamaba Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, CEFPRODHAC, y tenía su base en Reynosa. Un miembro de la organización cuenta por correo electrónico, bajo condición de anonimato, por qué han tenido que echarse a un lado. “Llegó un momento en que no sabías a quién estabas defendiendo, podía ser un delincuente, y el trabajo de monitoreo y de registro de las torturas era altamente riesgoso”. Pone un ejemplo de la inviabilidad del trabajo civil para las agencias locales y para las foráneas. “El año pasado visitaron nuestra ciudad dos mujeres que hacen investigación sobre derechos humanos y literalmente salieron huyendo por las amenazas que recibieron”.

Otro caso es el del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Su presidente, Raymundo Ramos, explica que su grado de inseguridad llega a tal punto que trabajan siempre con su oficina cerrada con llave, y nunca de noche. Ramos está bajo protección de la Secretaría de Gobernación a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su ONG documentó la “desaparición forzada” de seis hombres en junio de 2011 a manos supuestamente de miembros de la Armada, y la Comisión Nacional exigió la aclaración del caso en su Recomendación 39/2012. “Entonces hubo actos de intimidación hacia los familiares de las víctimas y hacia un servidor”, dice Ramos, que igual que reconoce que en su momento la Secretaría de Gobernación se ocupó de protegerlo, denuncia que hace cuatro meses que intenta sin éxito reunirse con miembros de este organismo. “Aunque estemos en riesgo, a los de la provincia no quieren escucharnos”. Él dice que vive entre dos fuegos. “Por un lado, el crimen organizado, y por otro las posibles represalias del Ejército, de la Armada y de la Policía Federal”.

Tamaulipas tampoco ha sentido el calor del fenómeno civil más importante de los últimos años en México, la aparición del Movimiento por la Paz, liderado por el poeta Javier Sicilia. Ninguna de las caravanas contra la violencia que ha hecho esta organización ha pasado por allí. Uno de sus miembros, Daniel Gershenson, explica que no lo han hecho porque ellos apoyan sus viajes en la colaboración de las asociaciones locales, y en este Estado no han encontrado “la infraestructura ciudadana” que necesitan. De todos modos el Movimiento por la Paz tiene en mente ir a Tamaulipas. “Es el epicentro del horror”, dice Sicilia, “y sentimos que estamos en deuda con este lugar. Es casi un territorio tomado por el crimen y con muchas violaciones de derechos humanos que no se han podido visibilizar. Tamaulipas es territorio de nadie”.

Una de las amenazas de la zona son los halcones. Así le llaman a los sujetos que sirven de vigías en las calles para los criminales, los ojos de las mafias, sus oídos. Ellos son una amenaza para los activistas civiles y para cualquier otro cuyo oficio, de una forma u otra, consista en preguntar. Por ejemplo, las empresas de sondeos. “En Tamaulipas nos vigilan, hasta saben donde nos hospedamos”, dice Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Ellos no han renunciado a trabajar allí, pero se preocupan de que sea evidente que son consultores y no cualquier otra cosa. En los hoteles se registran a nombre de la empresa, el alquiler de los coches lo hacen a nombre de la empresa, en la calle visten camisa y visera de la empresa. Para que los ojos de los halcones no se confundan. Otra empresa de sondeos, Parametría, ha llegado a sufrir la “retención” de unos de sus consultores durante unas horas, aunque luego los soltaron y no les hicieron nada. Su director, Franciso Abundis, cuenta que siempre que hacen un sondeo prescinden de algún municipio porque antes les chivan que está caliente. ¿Quién los avisa? “A veces el Ejército, a veces los vecinos, a veces los propios criminales. Ellos en las carreteras tienen retenes de hombres armados y te dicen ‘regrésate’, o ‘por aquí no pasas’, y eso evita problemas”.

Otros profesionales de la pregunta que se han encontrado con el bozal de silencio de Tamaulipas son los periodistas. Los periódicos locales han renunciado a investigar al crimen organizado, e incluso a informar de los meros crímenes diarios, y ni siquiera la ONG que más vela por la seguridad de los reporteros mexicanos, Artículo 19, hace incursiones en el Estado. “Es una zona demasiado monitoreada. Hay informantes en cada esquina. Trabajamos a distancia, tanto por nuestra seguridad como por la de los reporteros locales. Allí la situación está sostenida con alfileres”, dice Ricardo González, miembro de está organización.

51 minutos después del mensaje con el que empezaba esta crónica, aparecía otra anotación en Valor por Tamaulipas. “Reynosa. ¿Alguien supo qué pasó por el cuartel como a las 2:25? Indican que se escucharon algunas detonaciones”. La página de información de servicio seguía funcionando. Todavía.

“El riesgo ha sobrepasado a Valor por Tamaulipas”

MARI LUZ PEINADO

El peligro le ha ganado a la libertad. La decisión del administrador de Valor por Tamaulipas de cerrar su página de Facebook y su cuenta en Twitter es definitiva y se debe a las amenazas. En declaraciones a EL PAÍS por correo electrónico, el internauta anónimo ha confirmado que en los próximos días cerrará su página.

“Cuando comencé no tomé las precauciones necesarias. Hay varios factores que, si los junto con el temor que tengo a que se tomen acciones contra los usuarios que siguen a Valor por Tamaulipas, me hacen considerar que los riesgos empiezan a sobrepasar cualquier apoyo que genere el mantener la página”.

El gestor de las cuentas también asegura que “hay personas que no comprenden esta decisión, pero desde mi perspectiva, la consideración de daños a terceros pesa demasiado”. Hace unos dos meses, cuando aparecieron los folletos que ofrecían una recompensa de 600.000 pesos para saber algo de su paradero, el administrador reconoció que su mujer y sus hijos habían tenido que pasar a Estados Unidos y abandonar México por miedo a represalias.

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