Los 15 días en los que Brasil enloqueció

Desde el 4 de marzo en que fue detenido Lula, el país vive en una espiral creciente de inestabilidad

Lula da Silva, en la manfiestación celebrada en la Avenida Paulista, el viernes, en São Paulo.

El viernes 4 de marzo, a las seis de la mañana, la policía brasileña prendía al expresidente Lula da Silva en su casa de São Paulo y se lo llevaba a declarar, acusado de corrupción, a la comisaría de un aeropuerto. En los 15 días posteriores el país ha vivido en un paroxismo institucional creciente a base de multitudinarias manifestaciones callejeras de uno y otro lado, divulgación de conversaciones privadas –y comprometedoras- entre la presidenta de la República y Lula, y el nombramiento de éste como ministro, recusado posteriormente por un juez del Tribunal Supremo alegando que el expresidente quiere escapar de la Justicia escondiéndose en el cargo. Nada indica que este frenesí enloquecedor vaya a ceder.

Solo Lula, presidente durante ocho años, icono vivo de la izquierda brasileña y latinoamericana, el político más popular –y también más odiado- del país, es capaz de galvanizar y polarizar así a los brasileños. Bastó que su detención se hiciera pública para que la crisis política que dormía anestesiada entre el verano y el Carnaval se revolucionara hasta el frenesí. La policía –por orden del juez de Curitiba Sérgio Moro, que instruye el macroproceso de Petrobras, quería interrogar al ex presidente, entre otras cosas, sobre una casa en la playa en Guarujá (São Paulo) y una casa de campo en el interior del Estado, en Atibaia (también São Paulo). El juez sospecha que ambas propiedades son regalos encubiertos de empresas envueltas en la red de sobornos de Petrobras. Lula lo negó encendidamente ante la policía. Eso sí, sin dejar de ser Lula a lo largo de todo el interrogatorio. Su declaración íntegra está llena de comentarios políticos, de chistes, de palabrotas o de historietas de su mandato: para explicar algo relacionado con las dietas de los viajes, contó, sin que viniera muy a cuento, que en su primer desplazamiento a la ONU como presidente, sus escoltas, que no cobraban mucho, llevaban un guiso de pollo de casa. Pensando que era el microondas, para calentarlo lo metieron en la caja fuerte de su habitación del Waldorf Astoria.  “Aún debe estar ahí el pollo”, dice Lula.

Tras el interrogatorio, Lula, ya en la calle –pero sin perder la condición de investigado-, con lágrimas en los ojos, acusó a Moro de querer montar un espectáculo político a su costa. “Han querido matar a una jararaca (cobra venenosa de Brasil y Argentina) dándole en la cabeza pero solo le han dado en la cola”, exclamó. Como contrapartida, las fuerzas de la oposición organizaron una manifestación el domingo 13 contra el Gobierno de Dilma Rousseff (ya de por sí muy debilitado por la recesión económica y la falta de apoyo aliado en el Congreso), contra Lula y contra el Partido de los Trabajadores (PT), formación de ambos. Fue la mayor marcha política de la historia democrática de Brasil. Solo en la Avenida Paulista de São Paulo salieron más de 500.000 personas, según el método de medición del diario Folha de S. Paulo. Muchos con pancartas alusivas a la serpiente.

Con el ambiente cada vez más incendiado, tres días después, el miércoles 16 por la mañana, el Gobierno confirmaba que Lula iba a ser nombrado ministro de la Casa Civil (especie de primer ministro) de Dilma Rousseff, es decir, de la mujer que el mismo Lula había designado para sucederle y que había ocupado ese mismo ministerio con él de presidente. Con el estatus de ministro Lula ganaba un grado de inmunidad, pasaba a depender jurídicamente del Tribunal Supremo Federal y escapaba de su enemigo Moro. El Gobierno adujo motivos puramente políticos. “El presidente Lula (Rousseff usó el término protocolario de presidente, revelador de la situación, tan confusa como hilarante) viene para ayudar”. Los analistas añadían una tercera razón: Rousseff necesita del poder de persuasión, del carisma y del ascendente de Lula para convencer a los partidos aliados de votar en contra de la destitución parlamentaria (impeachment) que la presidenta debe afrontar en las próximas semanas.

A las nueve de la noche de ese miércoles estalló una nueva bomba mediática que colocó al país en un espiral acelerada de la que aún no se ha bajado: el juez Moro divulgó una comprometedora conversación entre Rousseff y Lula, grabada por la policía, que tenía pinchado el teléfono del expresidente, en la que la jefa del Estado, entre otras cosas, decía: “Ahí te mando el papel. Es el acta [de ministro] Úsalo si lo necesitas”. La frase, según los investigadores, solo significa una cosa: si la policía viene a prenderte por orden de Moro (“si lo necesitas”) utiliza el acta. La conversación saltó a todos los telediarios de todas las cadenas, a todas las ediciones digitales de los periódicos, al Facebook de millones de brasileños. Grupos anti-Dilma y anti Lula bloquearon la avenida Paulista, adueñándose de la calle más emblemática de la ciudad, verdadero termómetro político del país.

Al día siguiente, Lula tomó posesión del cargo. Poco después, un juez de Brasilia impugnaba el nombramiento, dejándolo en suspenso. Otros jueces hicieron lo mismo. El Gobierno, noqueado, debilitado hasta el extremo, arrinconado,recurrió ante instancias jurídicas superiores, que le iban dando la razón paulatinamente. Por la tarde, en día lleno de sobresaltos, el Congreso votaba la apertura del proceso de destitución, que en 45 días acabará con Dilma Rousseff si antes ella –o Lula- no consigue reunir los aliados necesarios.

El reloj del juicio político, pues, empieza a correr añadiendo aún más presión a una olla que está a punto de estallar. Mientras tanto, todas las televisiones reproducen sin parar conversaciones privadas de Lula, productos de pinchazos policiales, en las que despotrica contra varias instituciones del país. En una de ellas se refiere al Tribunal Supremo Federal como un grupo de “cobardes”. Los puentes entre Gobierno y jueces saltan por los aires: un magistrado de ese mismo tribunal le responde al día siguiente: “Son palabras propias de mentes autócratas y arrogantes”.

Ese viernes, la avenida Paulista, despejada por la mañana a manguerazos por la policía de los anti-Gobierno, se llena por la tarde de decenas de miles de seguidores de Lula. 95.000, según Folha de S. Paulo. Menos que en la manifestación contraria del anterior domingo. Pero muchos: y formando un piña irreductible en torno a su líder, que no es Dilma Rousseff, sino el de siempre: Lula. Él, con la camisa roja del PT, subido a un estrado en medio de la calle y de la multitud, aseguró que vuelve en son de paz pero advirtió, sumándose al coro de voces que llevaban gritando lo mismo desde hacía varias horas: “No habrá golpe”, es decir, no van a permitir que la presidenta sea destituida por medio de un juicio político en el Congreso.

Solo media hora después de terminar la manifestación se hizo público otro auto judicial, esta vez firmado por un magistrado, precisamente, del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que volvía a dejar en suspenso –aunque desde una instancia mayor y mucho más importante-, el nombramiento de Lula. En este caso, además, le despojaba de la inmunidad obtenida devolviéndole a las peligrosas manos de Moro. La decisión es recurrible, pero la sentencia definitiva la dictarán los 11 jueces de este tribunal, ésos a los que Lula tildó de cobardes en una de sus desaforadas conversaciones pinchadas.

Mientras tanto, el reloj del impeachment sigue corriendo, imparable, hacia una votación que se celebrará dentro de un mes y medio y que convierte toda acción política en un movimiento calculado de ajedrez en busca del jaque mate. Un activista anti-Gobierno acampado en la Avenida Paulista el jueves de madrugada, alertaba así a sus correligionarios: “Tenemos por delante 45 días decisivos”. Un sindicalista, el viernes, en la misma calle, en la manifestación en apoyo de Lula, dijo a sus compañeros exactamente lo mismo.

Más información