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Grecia necesita 4.000 expertos para garantizar las expulsiones a Turquía

La UE, salvo Hungría y Eslovaquia, empezará a acoger sirios a principios de abril

Un grupo de refugiados se calienta con un fuego en el campo de Idomeni, en la frontera griega con Macedonia. ORESTIS PANAGIOTOU EFE Atlas

Europa pretende desplegar en Grecia un contingente de 4.000 expertos (jueces, policías, intérpretes...) para realizar una labor inédita: expulsar a migrantes y refugiados a Turquía, el país desde el que partieron hacia a las islas griegas. Una vez comiencen los retornos, el 4 de abril, la UE acogerá a tantos sirios como haya expulsado, un gesto para incentivar las vías legales de entrada en la UE. Todos los países, salvo Hungría y Eslovaquia, participarán en este esquema.

La UE nunca se ha mostrado muy eficaz expulsando a personas del continente. De todos los migrantes irregulares —no refugiados— con una orden de retorno en la mano, las autoridades solo consiguieron devolver al 40% en 2014. Un año antes fue el 30%. Sabedoras del llamado poder blando que siempre ha caracterizado al club comunitario, las mafias explotaban esas enormes probabilidades de permanecer en suelo europeo para ganar clientes.

Pero Europa ha decidido enseñar las garras con el objetivo confeso de acabar con el negocio de los traficantes (y el motivo inconfeso de no haber sabido gestionar unos flujos bastante asumibles si se hubieran afrontado entre los 28 Estados miembros). Desde la canciller alemana, Angela Merkel, hasta los funcionarios europeos, el diagnóstico es compartido: se trata de una tarea ingente. Porque Grecia necesita, de un día para otro, a 4.000 expertos para devolver a Turquía a todos los arribados desde ayer, según un cálculo oficial de la Comisión Europea. Y, más aún, porque quienes ahora deberán retornar son refugiados de libro, que se resistirán con uñas y dientes a abandonar el sueño europeo por el que arriesgaron la vida.

De ese personal requerido para garantizar todo el proceso, un mínimo de 505 personas provendrán de la Administración griega; del resto, una parte podrá nutrirse de allí, pero en buena medida deberán proporcionarlos los otros socios. Alemania y Francia ya han declarado su intención de desplegar a 600. Más allá del personal (entre ellos, 1.500 policías y otros 1.000 agentes de seguridad o militares) harán falta ocho barcos de Frontex, con capacidad para transportar un máximo de 400 personas, y 28 autobuses. Igual de urgente resultará habilitar plazas para acomodar a los candidatos al retorno. Hacen falta 20.000, de las que ahora solo existen 6.000. El objetivo es que los que desembarquen en las islas no las abandonen hasta regresar a Turquía.

El ambiguo concepto de país seguro

Toda la base legal del polémico acuerdo de expulsión pivota sobre un hecho novedoso: la consideración de Turquía como país seguro para ciudadanos de otras nacionalidades. Grecia ha declarado que su vecino se ajusta a esa categoría, pero Bruselas reconoce que Ankara debe cambiar leyes para garantizar protección a todos los retornados. Si las modificaciones no están listas cuando se realicen los primeros retornos —la hipótesis más probable—, los tribunales pueden anularlos.

La magnitud de las cifras solo refleja una parte del desafío. La otra será aplicar, por primera vez, procedimientos acelerados de solicitud de asilo con una respuesta prefabricada. Aunque todas las demandas se tramitarán individualmente, con derecho al recurso, pocas personas tendrán opción de permanecer en Europa. Entre ese reducido colectivo, la Comisión sugiere dos perfiles: menores sin compañía y personas cuyos familiares directos habiten ya en algún país comunitario.

Acogidas desde la otra orilla

Como contrapartida a esa imagen de dureza que ahora proyecta Europa, los Estados miembros aplicarán, desde principios de abril, el llamado esquema de uno por uno: un número de sirios equivalente al de los expulsados podrán reasentarse en la UE. La cuota es muy limitada: solo 72.000 plazas, apenas la mitad de los 144.149 refugiados arribados en Grecia en lo que va de año. Si se superan, significará que la amenaza de las expulsiones no ha logrado disuadir a los refugiados y, por tanto, Bruselas revisará todo el sistema.

Ese es el punto más débil del acuerdo: que las autoridades confían en frenar en seco un flujo hasta ahora incontrolable (casi 900.000 personas entraron en la UE por el Egeo el año pasado). “Este acuerdo puede caer en dos semanas; van a hacer que todo el proceso sea legal, pero a los mismos funcionarios les pilló por sorpresa y en 10 días han tenido que improvisarlo”, argumenta Camino Mortera, investigadora de la casa de análisis Centre for European Reform.

Más suerte tendrán los demandantes de asilo ahora bloqueados en Grecia. Todos serán repartidos por la UE, aunque hará falta que el ritmo sea más vigoroso que el mostrado hasta ahora. Bruselas espera que al menos 20.000 personas hayan sido realojadas a mediados de mayo.