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20 países ofrecen funcionarios para aplicar las expulsiones de refugiados

España se encuentra entre los socios que han ofrecido personal

Refugiados y migrantes desembarcan del ferry Eleftherios Venizelos a su llegada al puerto de Elefsina, procedentes de la isla de Lesbos. EFE

Hasta un total de 20 países europeos se han comprometido ya a ayudar a Grecia para poner en marcha el acuerdo entre la UE y Turquía, sellado el pasado viernes por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu. Las dudas legales persisten, pero sobre todo han emergido recelos fundados sobre la aplicación de ese pacto por parte de Grecia y Turquía: Atenas se ha declarado incapaz de hacer todo lo que se le pide en solitario. Francia y Alemania fueron los dos primeros países en anunciar 600 refuerzos para Atenas. La Comisión Europea estima que se necesitarán 4.000 funcionarios —1.500 griegos y 2.500 del resto de Europa— para empezar a devolver refugiados a Turquía, y activar asimismo las reubicaciones directamente desde territorio turco. Entre la larga lista de Estados miembro que ofrecen ayuda —policías y expertos en asilo y readmisión de migrantes— figura España, según ha explicado una portavoz comunitaria.

El acuerdo entró en vigor ayer, y el personal necesario estará disponible el próximo domingo, 28 de marzo. Grecia puede devolver ya a los inmigrantes económicos que entren ilegalmente en su territorio. Para los refugiados con derecho a asilo —básicamente, sirios que crucen desde ayer el Egeo, a pesar de las amenazas de la UE—, las devoluciones a Turquía llevarán "varios días", según fuentes europeas, una vez que la UE ha subrayado que se hará un "examen individualizado" de cada petición y ha explicado que los demandantes de asilo tienen derecho también a presentar recursos.

"El objetivo es devolver a todas las personas arribadas a Grecia desde Turquía a partir de ayer domingo", ha reconocido la Comisión Europea. Para ello, Grecia debe considerar a Turquía tercer país seguro, y a su vez Turquía tiene que aprobar modificaciones legales relativas al derecho a asilo para dar a los refugiados sirios y de otros países los mismos derechos que otorga ahora a los europeos. Ankara aprobó la convención de Ginebra de 1951, pero durante décadas se ha negado a aprobar los protocolos anexos, que dan a todos los refugiados, procedan de donde procedan, los mismos derechos que a los refugiados europeos. Además, los migrantes con derecho a asilo que ya estaban en Grecia antes del domingo --unas 50.000 personas, según fuentes griegas-- tienen derecho a ser reubicados en la UE, tal y como quedó claro en el acuerdo firmado el pasado otoño, pese a que solo se han reasentado un millar de los 120.000 acordados.

El acuerdo UE-Turquía prevé hasta 72.000 devoluciones a territorio turco, para que después los turcos envíen a Europa al mismo número de demandantes de asilo. El sistema será revisado si no funciona y esa cifra se alcanza rápidamente, en apenas unas semanas. A partir de los 72.000 pactados, dejará de funcionar automáticamente: esa sería la constatación que la ruta del Egeo no se ha sellado a pesar del pacto. Atenas tiene que montar una formidable estructura logística en las islas, con jueces y expertos en asilo y reubicaciones, para que el procedimiento sea rápido y se alcance el objetivo de desincentivar que los migrantes crucen el Mediterráneo gracias a las mafias de traficantes de personas. Grecia ha sido incapaz de hacer eso hasta ahora. Además, hay serias dudas acerca de que pueda estar cometiendo una ilegalidad declarando a Turquía país tercero seguro. E incertidumbres acerca de las modificaciones legislativas por parte de Ankara, cuyo presidente, Recen Tayyip Erdogan, se permitió declarar la misma semana del acuerdo con la UE que "la democracia, la libertad y las leyes... Para nosotros esas palabras no tienen absolutamente ningún valor", según la agencia DPA, en un discurso pronunciado en relación con la lucha contra el terrorismo.

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