La batalla de la píldora del día después en Malta
La legalización de la pastilla poscoital es el último choque entre ultraconservadores y reformistas en el único Estado de la UE que aún prohíbe totalmente el aborto
En Malta, el único país de la Unión Europea que prohíbe el aborto en todos sus supuestos —incluidos los de violación y peligro para la vida de la mujer—, la interrupción del embarazo sigue siendo el gran tabú mientras decenas de maltesas visitan cada año las clínicas de Londres o Sicilia para abortar. Los cambios en el país con más católicos de Europa son visibles pero lentos: el archipiélago fue el último Estado de la UE en aprobar el divorcio hace seis años, dio a las uniones civiles del mismo sexo los mismos derechos que los de un matrimonio en 2014 y legalizó la píldora del día después hace tres meses en la última victoria de los partidarios de renovar un sistema legal apegado a la religión cristiana.
Miriam Sciberras coloca su móvil sobre la mesa y pulsa el botón de grabar. "A veces los periodistas me cambian las palabras", se excusa desconfiada. La principal líder antiabortista maltesa es dentista, y acaba de realizar un empaste en su clínica de Zabbar, una pequeña localidad de la que fue vicealcaldesa situada a 10 kilómetros de la capital, La Valeta. Basta observar a su alrededor para encontrar pistas sobre sus convicciones. Un crucifijo en recepción, revistas cristianas en la sala de espera o una imagen religiosa tras el asiento del paciente. Como responsable de la Life Network Foundation —Fundación Red de Vida— ha acudido a los tribunales para revocar la legalización de la píldora del día después argumentando que incumple el código penal y la ley de protección del embrión. "No es contracepción sino una forma de aborto encubierto. Y eso en Malta es ilegal", zanja.
La llegada del anticonceptivo a las farmacias del país con mayor porcentaje de católicos de Europa —más del 90% de su población— tiene la firma de la Women Rights Foundation —Fundación por los Derechos de las Mujeres—. El pasado verano 102 mujeres se unieron en torno a la asociación para hacer causa común por su legalización. Su combate llevó a las autoridades médicas a aprobarla y se ha convertido en símbolo de cambio. Al frente de todas ellas está la abogada Lara Dimitrijevic. "Los agradecimientos que hemos recibido han sido apabullantes. Ha empezado un proceso imparable: las mujeres maltesas se han dado cuenta de la sociedad patriarcal en la que vivimos".
El discurso optimista de Dimitrijevic recuerda al del diputado laborista Evaristo Bartolo poco después de que Malta se convirtiera en el último Estado de la UE en decir sí al divorcio hace tan solo seis años, en un ajustadísimo referéndum —en todo el mundo solo Filipinas y el Vaticano mantienen la prohibición—. "El sol está brillando en la isla", anunció entonces el parlamentario. La ley maltesa solo permite a las parejas pedir el divorcio si llevan separadas al menos cuatro años, pero supuso un auténtico terremoto para un país poco acostumbrado a dar barniz humano a un sistema legal de arquitectura divina. La aprobación de las uniones civiles de parejas del mismo sexo, que las equiparó a las casadas —posibilidad de adoptar incluida— en 2014 supuso otro hito para los defensores de derechos, y el Gobierno ha anunciado que estudia cambiar el término para pasar a llamarlo matrimonio.
Pero los rayos encuentran todavía densas nubes que traspasar en Malta, el Estado más pequeño de la UE con apenas 420.000 habitantes repartidos en sus tres islas —similar a la población de Murcia—. La Iglesia rechaza cualquier cambio en la restrictiva ley del aborto, y los laboristas malteses, que en el Parlamento Europeo forman parte del Grupo Socialista y llevan en el poder desde 2013, no han mostrado intención alguna de cambiar una norma que obliga a sus ciudadanas a hacer las maletas si deciden no seguir adelante con la gestación a pesar de que su primer ministro, Joseph Muscat, prometió liderar "el Gobierno más feminista" de la historia del país, que actualmente ostenta la presidencia de turno de la UE.
La influencia de las organizaciones antiabortistas es indiscutible. Sciberras compara la interrupción del embarazo con el holocausto nazi, deslegitima su legalidad entre los vecinos europeos —"la esclavitud también era legal"—, y responde así ante la posibilidad de que alguien pueda no arrepentirse de haber abortado: "También hay asesinos en serie que no tienen remordimientos". Pese a ello, esgrime su título de máster en Bioética para peregrinar por los colegios malteses dando charlas en escuelas públicas y privadas a estudiantes de 15 y 16 años con el consentimiento de las autoridades para explicar los efectos nocivos de abortar. Aunque lleva años haciéndolo con periodicidad a veces semanal, en los últimos tiempos algo ha cambiado: el runrún de protestas de padres que lo consideran adoctrinamiento ha llevado al Gobierno a iniciar una investigación para determinar si las lecciones de la líder antiabortista tienen base científica. "Explico sus consecuencias objetivamente. Son falsas polémicas. No he recibido quejas", se defiende Sciberras.
Los tabúes siguen siendo notorios en Malta, y los silencios, sonoros. Ni siquiera la asociación que ha impulsado la legalización de la píldora se atreve a apoyar públicamente la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de violación o peligro para la vida de la mujer en el país con las leyes más restrictivas de la UE por delante de Polonia e Irlanda. Solo la pequeña organización Malta Pro-Choice ha reclamado cambiar la ley para acabar con el impacto que la norma tiene en la salud física y mental de mujeres que pueden sumar al trauma de la violación el viaje a un país extranjero para someterse a la intervención.
División en las farmacias
En una sociedad que no reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, el estigma persigue a las compradoras de la píldora, que en ocasiones buscan farmacias alejadas de sus casas para que nadie las reconozca con el riesgo de encontrar un no por respuesta en el mostrador. Aunque la píldora está disponible en la mayoría de establecimientos desde el 14 de diciembre, algunos farmacéuticos rechazan venderla acogiéndose a la cláusula de conciencia. La ley lo permite siempre y cuando informen a la interesada de dónde pueden adquirirla, algo que tampoco complace a los antiabortistas. "Deberían dar información en lugar de decir dónde comprarla, que es lo mismo que venderla tú", lamenta Sciberras.
La posibilidad de objetar puede provocar que en un mismo local un farmacéutico venda la píldora y su compañero no. La caza de brujas ya tiene instigadores: otro grupo ultraconservador ha pedido a sus seguidores en Facebook que les envíen datos sobre las farmacias que la distribuyen y las que no para crear una aplicación que facilite el boicot a las que venden la píldora.
Para muchos de sus socios europeos, la situación de indefensión legal de las mujeres maltesas ofrece una sensación de lejano déjà vu: la proporción que acude a clínicas de Reino Unido para interrumpir su embarazo —unas 60 cada año según las autoridades británicas, sin incluir a las extranjeras que viven en el país— representan un porcentaje similar al de españolas que abortaba en tierras británicas en 1976, poco después de la muerte del dictador Francisco Franco.
La fuerte herencia católica que hunde sus raíces en la medieval orden de Caballeros de Malta o su condición insular son algunas de las explicaciones que buscan dar respuesta a la excepcionalidad maltesa en materia de derechos reproductivos, aunque las percepciones están cambiando. "La iglesia tenía hasta hace poco mucha influencia en la sociedad, tal vez hoy no tenga tanta", opina la defensora de los derechos de las mujeres Lara Dimitrijevic. ¿Cree que algún día se legalizará el aborto en el archipiélago? "Todo es posible, pero trataremos de educar para que no suceda", advierte la antiabortista Sciberras.
El sol todavía no brilla con intensidad en estas pequeñas islas del Mediterráneo situadas 90 kilómetros al sur de la costa siciliana, pero ya lo avisó tras la legalización de las uniones homosexuales la ministra laborista de Libertades Civiles, Helena Dalli. "El caso de Malta demuestra que incluso países a menudo señalados como poco proclives al progreso pueden cambiar rápidamente".
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