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Paula Gaviria: “Es increíble que la gente no esté seducida con el fin del conflicto”

La consejera presidencial de derechos humanos en Colombia habla de los retos del acuerdo de paz

Paula Gaviria, en la última cumbre mundial de premios Nobel de la Paz, el pasado febrero en Bogotá.

Paula Gaviria Betancur (Bogotá, 1972) es la consejera del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en materia de derechos humanos. Fue nombrada para ese cargo en junio de 2016, después de dirigir la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas. Abogada y experta en políticas públicas, resalta la importancia de “implementar el acuerdo de paz con enfoque de derechos humanos”. “Creemos en la gran premisa de que la vigencia de los derechos humanos es la que le va a dar sostenibilidad a los acuerdos”, señala en esta entrevista. Acaba de recibir un reconocimiento del Banco Mundial por su aportación “a la agenda de paz y desarrollo en Colombia”.

Pregunta. ¿Cuál es el estado de salud de los derechos humanos en Colombia?

Respuesta. El fin del conflicto representa hoy para Colombia la mayor oportunidad de garantizar los derechos humanos. Desde que iniciaron las negociaciones ha habido una reducción de bastantes índices de violación a los derechos humanos, sobre todo los que tienen que ver con la vida, con la libertad, con la integridad. Colombia es todavía un país muy desigual, muy inequitativo, con brechas enormes entre la ciudad y el campo. El fin del conflicto permite concentrarse en eso.

P. ¿Qué tienen que hacer para reconocer los derechos de las víctimas?

R. Responderles, satisfacer al máximo sus requerimientos, pero al mismo tiempo lograr una convivencia pacífica. La máxima justicia, la máxima verdad no siempre es compatible con la convivencia. Está la comisión de esclarecimiento de la verdad y también está la obligación para quienes van a participar en la justicia especial para la paz de reconocer el máximo de verdad. Un componente que es fundamental para la no repetición [del conflicto], para la convivencia, para la legitimidad, es la reparación. Una reparación que implica un reconocimiento de que nunca tuvo que haber pasado, una dignificación de aquel al que se deshumanizó. Pero también una mirada en la reparación restaurativa, que restituya algo más allá de volver al estado anterior, que aporte a la comunidad, al futuro de las personas.

P. ¿Y cuáles son los retos del desarrollo del acuerdo en materia de derechos humanos?

R. Hay que reconocer lo que ya ha funcionado, basarnos en lo que ya ha funcionado y proyectar ahí el acuerdo final. De las acciones que ya estaban proyectadas a corto, mediano y largo plazo, hay que priorizar aquellas que impactan en el cumplimiento de los acuerdos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad de los campesinos en Colombia. Lo que la gente quiere en el campo es sentir la paz, no solamente sentir que no ya no les están matando, sino sentir que su vida cambia en algo, que si son campesinos hoy tienen más posibilidades de comercializar sus productos. Que si son líderes sociales, sentir que sí pueden llegar al poder, que sí hay garantías para poder ejercer lo público. Los retos son tres. El Estado tiene que mejorar su información, tener mejores diagnósticos, indicadores, y la transparencia. Dos: el tema del pluralismo político y social en un país que todavía está muy cerrado. Y un tercero, el tema cultural y educativo. El conflicto, además de ocho millones de víctimas, ha dejado una profunda desconfianza en el Estado, pero ha dejado también una cultura de indiferencia, de falta de solidaridad.

P. Por ejemplo...

R. Lo hemos visto con el plebiscito. A ustedes les debe impresionar un poco, pero claro que el mundo está un poco también con esas tendencias... como tan polarizado. Es increíble que al país no lo seduzca la paz, la gente no está seducida con el fin del conflicto. Algo nos pasó. Colombia tiene que ser un poco tratada en ese sentido. Aunque he empezado a percibir un leve cambio, por ejemplo con lo que está pasando con los líderes sociales. Estoy percibiendo que hay una toma un poco mayor de conciencia frente a la violencia contra ese tipo de personas. Antes mataban también a líderes sociales, los han matado a muchos durante mucho tiempo. No es que ahora les estén matando más, no es ostensiblemente mayor a otras épocas, y ahí nadie dijo nada. Ahora la gente está tomando conciencia. Está muy mal que esté pasando, pero está muy bien que no estemos indiferentes frente a eso.

P. Y desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿qué pueden que hacer frente al goteo constante de asesinatos de líderes sociales?

R. En el año 2016 hubo 64 casos, según la ONU. Hay unas realidades que hay que analizar en profundidad, nos parece que lo más serio no es saltar a conclusiones preliminares. Sobre todo cuando se trata de asesinatos, que las conclusiones las haga la Fiscalía, que es la que tiene el mandato de investigar de manera judicial con todas las pruebas del caso.

P. ¿Qué retos plantean los otros tipos de violencia que permanecen en el país y que, de nuevo, provocan fenómenos como el desplazamiento de la población?

R. No es menor para el escenario humanitario en Colombia avanzar rápidamente en la negociación con el ELN. Bajaría la intensidad de la victimización en Chocó, Arauca, algunas partes de Nariño y Cauca. Lo que sucede en otras zonas como Urabá y bajo Cauca está relacionado con las Autodefensas Gaitanistas. El problema es que si sigue el negocio [drogas], la labor del Ejército no va a tener el impacto en el mediano plazo.

P. ¿En qué ayuda militarizar más ciertas zonas de Colombia en lo relativo a los derechos humanos?

R. He visto una Fuerza Pública con más herramientas y conciencia de respeto de los derechos humanos. Se han hecho esfuerzos enormes en la capacitación, en el uso de la fuerza y en la protección a la población civil.

P. ¿Cómo está siendo la salida de las menores de las filas de las FARC?

R. El Consejo Nacional de Reincorporación nos encargó la puesta en marcha del programa en colaboración con el CICR, UNICEF y otras organizaciones sociales. Las salidas se han ido produciendo en base a información que nos ha facilitado las FARC. Ya se han producido tres, escalonadamente se continuará con el operativo. El programa planteado se articula en torno a las necesidades de los jóvenes, una manera de trabajar que no ha sido habitual. No hay experiencias similares en el mundo.

P. ¿Cómo son estos chicos? ¿Qué necesidades tienen?

R. Son menores de edad que vienen de contextos de mucha vulnerabilidad, no se sienten víctimas del conflicto y forman parte de una transición en la que el grupo al que han pertenecido está desarmándose. Hay que entender las lógicas en las que han vivido, adaptarse a sus rutinas, el tipo de alimentación que han tenido, cuál ha sido su papel en el grupo y saber valorar los conocimientos que han adquirido y potenciarlos. También se preguntan por qué tienen que salir antes del grupo que los grandes. En ellos se mezcla la ilusión frente al futuro, pero también un tremendo temor. Yo les he prometido que les voy a cumplir. El reto más grande que tenemos como Estado es recuperar la confianza.

P. Cruz Roja ha llamado la atención a Colombia por la situación en las cárceles del país.

R. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es solo uno de los puntos estructurales del acuerdo, sino que ha sido aprobada por un Congreso que ha tendido a ser muy punitivo. En un país donde tenemos este dicho: “Ojalá se pudra en la cárcel”. Y es literal. La JEP lanza el mensaje de que se pueden tener otros tipos de justicia y efectivos. Yo constaté en el 98 que en las cárceles se vive en un estado infrahumano. En aquel momento se decretó que era inconstitucional, pero no se atacó el problema de fondo. Hoy las prisiones están hacinadas con graves problemas de salubridad. Una nueva sentencia ha solicitado al Estado plazos para que se mejore en una situación de crisis. Nadie lo desconoce. Nosotros visitamos cárceles, recogemos denuncias, trabajamos con los miembros del INPEC [organismo penitenciario] el tema de violencia contra la población LGTBI. Es un reto enorme.

P. Las cifras sobre violencia sexual no mejoran. En el último informe de Medicina Legal se apuntaba a que un 70% de las violaciones es a menores.

R. Era un delito invisible en Colombia, había miedo y vergüenza a denunciar por la cultura machista, se sienten culpables de los que les ha pasado. Y, otra vez, falta de confianza en el Estado por la impunidad ante el delito. Estamos articulando una estrategia con varios organismos como la Unidad de las Víctimas y la Fiscalía que se llama Reconstruyendo. Estamos evidenciando que estos delitos no son solo consecuencia del conflicto, el indicador de la violencia intrafamiliar es mayor.