La Corte Penal Internacional entrará en vigor el 1 de julio con la oposición de EE UU
Con sede en La Haya, la CPI, que tendrá carácter permanente, juzgará a personas acusadas por crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y genocidio.-EE UU considera que la corte pondría en peligro sus operaciones antiterroristas
El Estado número 60 ratifica hoy el Estatuto de Roma, lo que permitirá la entrada en vigor, el próximo 1 de julio de la Corte Penal Internacional (CPI) que podrá juzgar graves violaciones de Derechos Humanos en todos los continentes.
Su andadura empezará casi cinco meses después de que su precedente más cercano, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) obtuviera credibilidad mundial al lograr sentar en el banquillo al ex presidente Sloboban Milosevic.
Milosevic se convirtió así en el primer ex jefe de Estado juzgado por crímenes de guerra y contra la Humanidad y genocidio, creando un precedente que podría allanar el camino a esta nueva corte.
Con sede en La Haya, la CPI, que tendrá carácter permanente, investigará y juzgará a personas, no a Estados, acusadas por crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y genocidio que se cometan a partir de su entrada en vigor, ya que no tiene competencia retroactiva.
El tribunal, que no será parte de la ONU, sino que tendrá que rendir cuentas a los países que han ratificado el Tratado, estará formada por 18 jueces elegidos por mandatos de nueve años y un equipo de fiscales e investigadores.
Un largo proceso
El establecimiento de una corte de estas características ha formado parte de la agenda de las Naciones Unidas desde 1948, pero no fue hasta las masacres de Camboya, la ex Yugoslavia y Ruanda que se aceleró el proceso de creación.
El primer gran paso fue en la Conferencia de Plenipotenciarios en Roma en 1998, donde se aprobó su creación con el voto a favor de 136 países, la abstención de 21 y el voto en contra de 7, entre otros, Estados Unidos.
La efectividad del tribunal dependerá del número de Estados que lo ratifiquen, ya que sólo tiene competencia para juzgar crímenes cometidos en el territorio de uno de estos Estados o por uno de sus súbditos.
El Estatuto también prevé la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le pida que juzgue algún crimen que suponga una grave amenaza para la paz y la seguridad mundial, en cuyo caso la CPI podrá ejercer su competencia sin limitaciones espaciales.
A diferencia de los tribunales que juzgan los crímenes de Ruanda y la antigua Yugoslavia, éste tiene carácter "complementario" lo que significa que sólo podrá actuar cuando los Estados no puedan o quieran juzgar los crímenes.
En la actualidad 56 países han ratificado el acuerdo y entre los que esperan hacerlo hoy figuran Bosnia, Bulgaria, República Democrática del Congo, Camboya, Irlanda, Jordania, Mongolia, Rumanía y Eslovaquia.
Con ellos se elevarán a 31 los europeos que han ratificado entre ellos, todos los de la Unión Europea (UE), con excepción de Grecia, y muchos del antiguo bloque del este; 14 en Africa; 5 en Asia y 4 en Oceanía.
En América Latina son países pioneros Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
La oposición de EE UU
La gran oposición a la constitución de la Corte Penal Internacional proviene de Estados Unidos, que no sólo ha manifestado su voluntad de no ratificar el tratado, sino que incluso ha amenazado de retirar su nombre de la lista de signatarios, de la que forma parte tras firmar el estatuto el pasado 31 de diciembre del 2000, justo antes de que el presidente Bill Clinton abandonara su cargo.
Aunque teóricamente a partir del 1 de julio próximo podría presentarse el primer caso, pasarán algunos meses antes de que un supuesto criminal de guerra se siente en el banquillo de los acusados.
La Corte será por el momento provisional, aunque la comisión preparatoria de la ONU, en la que participan los gobiernos, ya ha realizado un primer borrador de las reglas de procesamiento e investigación de crímenes, aunque todavía quedan por abordar otros aspectos como la financiación, los empleados, las instalaciones y otros muchos detalles.
Los estados signatarios no se reunirán hasta el mes de septiembre para resolver cuestiones prácticas y no será hasta enero de 2003 cuando los jueces, fiscales y secretarios sean escogidos lo que significará que el TPI no estará funcionando en la práctica hasta fines del 2003 y principios de 2004.
