El Gobierno de Venezuela admite que en Tumeremo se produjo una masacre

A pesar de la imprecisión en el número de víctimas, las autoridades trabajan a marchas forzadas para entregar una versión detallada lo que pudo ocurrir

Familiares y amigos de los 28 mineros desaparecidos bloquean una carretera en Tumereno para reclamar respuestas. AFP

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, declaró que la investigación adelantada por su despacho por la desaparición de poco más de dos decenas de mineros en Tumeremo, en el suroriente de Venezuela, ha concluido con el hallazgo de 17 cuerpos. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que encontraron 14 cuerpos en una fosa común. Y Carlos Chancellor, alcalde del poblado que concentra desde hace 11 días la atención de la nación sudamericana, asevera que hay 20 cuerpos sin identificar en el Fuerte Tarabay, la instalación militar dispuesta como improvisada morgue en medio de esta tragedia. La diferencia entre las cifras no oculta el hecho más sobresaliente: las autoridades venezolanas reconocen que lo que ocurrió en este pueblo minero ha sido una masacre

Lo ha reconocido también la prensa chavista después de poner en duda los motivos de la protesta que desde el viernes 4 de marzo iniciaron los familiares de los asesinados. Ese día los deudos obstaculizaron la vía que comunica a Tumeremo con Caracas y el norte de Brasil y prometían no retirarse hasta que los mineros aparecieran. Aunque fueron desalojados seis días después por un piquete militar la respuesta no tardó mucho tiempo más. La presión política sobre el Gobierno ha surtido efecto. Zaid Mundaray, número tres del Ministerio Público venezolano, había decidido permanecer en la zona hasta tanto encontrara una respuesta a la desaparición de las personas.

Hasta el mediodía del miércoles pasado en Venezuela los cuerpos no habían sido identificados y los familiares esperaban en las afueras del fuerte militar. A pesar del resultado de la investigación aún se mantiene la molestia con algunas de las autoridades, en especial con el gobernador del Estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, el funcionario que negó la matanza cuando se enteró de la protesta de los familiares y la atribuyó a maniobras opositoras. “Rangel Gómez no se ha presentado para darle la cara a las víctimas. Las minas se han convertido en unas fosas comunes”, comentó en una rueda de prensa Américo de Grazia, diputado de la opositora Mesa de la Unidad y jefe de la comisión parlamentaria que investiga las muertes.

A través de Twitter, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha anunciado que acompañará a los familiares en el reconocimiento. Se cree que los cuerpos recuperados pertenecen a los mineros que desaparecieron en el camino de la mina Atenas. El Ministerio Público ha reconocido que la cooperación de 14 sobrevivientes de la masacre, atribuido a la banda de Jamilton Ulloa, alias El Topo, ha sido vital para encontrar a los desaparecidos.